No obstante para avanzar en esta materia ponen como requisito privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos sobre los diferentes temas de país y evitar incidentes como los ocurridos el pasado domingo.
(ENN) La agencia de calificación de riesgo, Fitch Ratings, inició ayer una serie de reuniones con diferentes instituciones del Gobierno de la República para confirmar que en El Salvador hay confianza y un buen clima de inversión, dos factores determinantes que han permitido, en los primeros ochos meses de la gestión del Presidente Nayib Bukele.
En el primer encuentro, donde participaron funcionarios como la comisionada Presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos; el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes y la ministra de Economía, María Luisa Hayem, entre otros, Fitch Ratings reiteró que a nivel internacional la imagen del país ha cambiado, no sólo ante los organismos internacionales, sino también ante los inversionistas.
“Hemos visto mejoras desde que llegó este Gobierno el año pasado, por ejemplo, sorprendió como se aprobó el Presupuesto 2020 a pesar de que el Presidente Bukele no tiene bancada legislativa en el Congreso, son signos que dan confianza”, dijo Richard Francis, director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings.
Por su parte Recinos recordó que hoy hay una “relación estrecha” con la empresa privada, además de un diálogo constante. Ejemplificó que entre junio de 2019 y enero pasado se han entregado 807 permisos para la ejecución de diferentes proyectos, lo que significa $1,036 millones más para la economía nacional en proyectos de energía, turismo, agroindustria, aviación y logística, entre otros.
“El Gobierno del Presidente Bukele no tiene problemas ideológicos, es una administración con apertura porque lo que busca es el interés de todos los salvadoreños y por eso hemos extendido la mano a todos los sectores, ya que la apuesta es clara: crecimiento económico y bienestar social», confirmó la comisionada, ante los delegados de la calificadora Fitch.
Recinos recordó que los hechos del pasado domingo son parte de la dinámica política del país, a raíz de la negativa de un sector legislativo de aprobar la autorización para firmar el contrato de préstamo de los $109 millones para la Fase Tres del Plan Control Territorial, la política gubernamental de seguridad pública que ha dado resultados históricos.