El acusado es Óscar Alfredo Hernández, a quien se le imputa haber abusado de un menor bajo la modalidad de delito continuado.

(ENN) La familia demandante junto a la parte querellante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y organizaciones locales de la Comunidad Santa Marta del departamento de Cabañas, expresaron sus sospechas de negligencia en la investigación sobre la denuncia de abuso sexual del que fue objeto su menor de nueve años de edad.

Aseguraron que como resultado se ha generado toda una afectación de crisis emocional ocasionada por los graves daños psicoemocionales a raíz de dicho abuso que se consumó en violación por parte de un victimario que aún anda fugitivo.

Relatan que el imputado aprovechándose de ser considerado un amigo cercano de la familia y compadre de la madre del menor de edad, sometió al niño en incontables veces a abuso sexual, desde el año 2011 hasta el 2014, sumiéndolo en una profunda depresión que lo llevaron a tener cuatro intentos suicidas, inconstancia en el rendimiento escolar, desordenes de personalidad, ataques de ansiedad y otras actividades autodestructivas.

La denuncia formal se realizó en sede de Fiscalía General de la República de Ilobasco, Cabañas en mayo de 2019 y a partir de ahí se han realizado todos los peritajes necesarios para deducir la posibilidad del delito, cuyos resultados dieron signos y síntomas positivos con
los que se determinó girar orden de captura contra el acusado sin que hasta la fecha se haya capturado e impartido justicia.

En junio del 2019, se llevó a cabo la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de la Ciudad de Victoria, departamento de Cabañas, donde el Juez decretó medidas sustitutivas a la detención provisional, luego de pagar una fianza el imputado.

La familia llena de indignación
y frustración presentó los recursos de apelación que contenían todos los elementos y argumentos legales que puso en evidencia que la decisión del juez de paz no fue apegada a la ley.

Esto fue ratificado en julio de 2019 por la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, en la que resolvió revocar las medidas sustitutivas impuestas por el señor Juez de Paz de Victoria, y ordenó prisión preventiva, lo cual no ha sido posible a raíz que el imputado se dio a la fuga desde el mes de julio de 2019, según lo expresan los demandantes.