Para aliviar la carga económica de las municipalidades por la pandemia COVID-19, los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitieron un dictamen que contiene disposición transitoria para que las 262 alcaldías del país utilicen la totalidad del 25% -destinado para funcionamiento- del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), para pago de salarios de los trabajadores municipales, deudas a instituciones públicas y privadas, y demás gastos de funcionamiento a los que no han logrado dar cobertura con recursos obtenidos de servicios municipales por la enfermedad que ya golpea al país.

La medida tendrá vigencia por un período de 90 días –marzo, abril y mayo-.

Esta no es la única medida que la comisión emite para respaldar a las municipalidades, sus trabajadores y habitantes, dado que el doce de marzo, se autorizó a las 262 alcaldías la utilización de hasta el 50 % del 75 % del FODES correspondientes a los meses de febrero y marzo, para enfrentar la emergencia nacional.

Por otra parte, la comisión acordó emitir dos recomendables al Ministerio de Hacienda para que subasten todas las camionetas de lujo del sector gubernamental, y que oportunamente esos recursos sirvan para aportar a las necesidades que devengan de la emergencia por el Coronavirus.

Y el segundo, se orienta a sugerir que las compras de insumos médicos, medicamentos y otros productos relacionados a la pandemia con los fondos autorizados por la Asamblea, se realicen a empresas nacionales, cumpliendo con estándares de calidad requeridos y precios razonables dentro de la competencia del mercado.

Los dictámenes podrían ser conocidos para aprobación del Pleno el próximo jueves.

Profundizan en moción para fortalecer la fiscalización de recursos públicos en las entidades del Estado

En el seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, los diputados conocieron una propuesta de reforma integral a la Ley de la Corte de Cuentas de la República (CCR); la moción fue ampliada por la presidenta del ente contralor, Carmen Elena Rivas, quien explicó que con las enmiendas se busca robustecer la fiscalización de los recursos públicos en cada entidad del Estado.

Para tal fin, se pretende establecer un proceso expedito que permita la modernización del juicio de cuentas por audiencias, el uso de la oralidad y otras modalidades procesales de vanguardia como admitir pruebas testimoniales en juicios de cuentas; de actualizar esa ley, se pide un año para preparar las condiciones adecuadas para implementarla.

La iniciativa recibida el 25 de noviembre del año pasado continuará en estudio de la mesa legislativa hasta alcanzar acuerdo.