Un poco al filo de la media noche de este lunes sin tener que llegar a los madrugones del pasado, la Asamblea Legislativa dió luz verde a la emisión de títulos valores por $1 mil millones de dólares para supuestamente apoyar a todo el sector privado afectado por la pandemia COVID-19.

(EN News) Una cadena de acontecimientos políticos durante el día antecedieron esta situación que ya estaba anunciada días anteriores. En horas del medio día la cúpula de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) brindada conferencia de prensa con el secretario jurídico de Casa Presidencia sobre las medidas económicas en el marco de la emergencia nacional.

Por fin se escuchó públicamente al entrante presidente de la gremial , Javier Simán, dar un contundente espaldarazo a la cuarentena domiciliar decretada por el Poder Ejecutivo desde el pasado 21 de marzo.

“Expertos en epidemología del Colegio Médico confirman que éstas dos semanas son de mayor riesgo de contagio. Hacemos un llamado a quedarse en casa y no salir innecesariamente” , escribía ayer al medio día Javier Simán, “el guerrero blanco” de la gran empresa privada quien ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para decirle sus verdades al Gobierno con ímpetu y sin ambajes.

Hasta este momento de la mañana de martes Simán no ha escrito ni una sola palabra en su cuenta de Twitter, mientras el Presidente Bukele celebra el aval de la Comisión de Hacienda por mayoría calificada de 56 votos al paquete de medidas económicas que según sus argumentos buscan paliar la grave crisis del sector de toda la empresa privada cuyo propósito estaría por verse para saber si logró el cometido.

“Valió la pena el desvelo, ahora todos a desayunar. Gracias a todos los que dieron sus votos, para que nuestro país pueda salir adelante”, fueron las palabras de Bukele en un tono inusual al referirse a los diputados sobre esta votación que dejó outside al FMLN partido que en otros muchos momentos actúa como el buen compañero de mil batallas junto a su “enemigo ideológico” de ARENA.

Luego que Bukele suspendió anoche su cadena nacional de radio y TV ya programada para dar un compás de tiempo a los diputados para que deliberarán tranquilos dijo tener fe que el país amanecería con la noticia sobre la aprobación del paquetes de medidas económicas y sanitarias que se requieren para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Dicho y hecho horas después los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto utorizaban $1,000 millones de dólares para reactivar empresas en El Salvador. Los Fondos se destinarán para pago de planillas de privados, habilitar líneas de crédito y un fideicomiso.

-Según lo acordado, el dinero se distribuirá de la siguiente manera:

*$140 millones para un programa de subsidios para empleados de micro, pequeñas y medianas empresas ;

*$360 millones para un programa de otorgamiento de créditos en línea de capital de trabajo para empresas;

*$100 millones para un programa de financiamiento productivo para empresarios del sector informal; y

*$400 millones para reforzar el Presupuesto General de la Nación.

Los legisladores de oposición esperaban que el Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, rindiera cuentas, especialmente en los apartados que ya cuentan con asignaciones financieras, tanto en el fondo para la emergencia como en el Presupuesto General de la Nación.

Sin embargo representantes del Ministerio de Hacienda, Carlos Salazar y Luis Sánchez, informaron que por otras labores, el ministro no pudo llegar.

Mario Ponce, presidente de la Asamblea, convocó a una sesión plenaria extraordinaria. Dio un receso para que sesionaran las comisiones de Hacienda y la Política, para analizar, nuevamente, el plan de reactivación económica y la ley de cuarentena.

De acuerdo con el documento presentado por el gobierno, los $1,000 millones se distribuirán en un fideicomiso de $600 millones para impulsar la recuperación económica de las empresas afectadas por el covid-19.

El resto ($400 millones) servirán como refuerzo al presupuesto general del Estado: $100 millones para pago a exportadores de la devolución del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, y los otros $300 millones para pago a proveedores del sector privado del Estado de El Salvador.