Fondos de emergencia por el COVID-19 enfrenta a empresarios y gobierno

 La Dirección de Comunicaciones de la UCA anunció que las autoridades explicarán este martes las razones por las cuales se retira del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. La actividad estará a cargo del rector, Padre Andreu Oliva y Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social.

(EN News) Al parecer el Pulgarcito de América está condenado cada día a noticias frustrantes y de poco aliento emocional sobre la pandemia del COVID- 19, retroalimentando proyecciones desalentadoras, con cuarentena más restrictiva y sujeta al vaivén de una clase política aparentemente divorciada del sector privado; suceso nada nuevo: ambos mercaderes (políticos y empresarios) terminan peleados cuando de poder y dinero se trata.

Sin mayores argumentos la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, FUSADES, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y Escuela Superior de Economía y Negocios alistaron sus maletas para decir adiós al Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica que maneja la «plata» para contrarrestar el COVID-19.

Es decir, estas gremiales sobre las cuales se especuló al principio habían hecho pactos no muy claros con el Gobierno de la administración Bukele en el tema de los $1000 millones para créditos de salvataje de la empresa privada, ya no podrán estar en la jugada del observatorio del manejo de los $2,000 millones de dólares que los diputados aprobaron al Ejecutivo a finales de marzo en el contexto de la primera cuarentena domiciliar.

El llamado tanque de pensamiento de derecha la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), razona su retiro del comité a través de una carta institucional en la cual señala como causa principal «no haber encontrado las condiciones de participación, ni los instrumentos adecuados para llevar a feliz término la fiscalización de los fondos aprobados por los diputados como respuesta a la emergencia nacional por el COVID-19».

FUSADES cuyo presidente es Miguel Simán, pariente cercano del actual presidente de ANEP, Javier Simán, escribe en un comunicado «nunca tuvimos información precisa, planes e instrumentos necesarios para poder incidir en las decisiones tomadas por el Gobierno mucho menos, razona, se pudo dar seguimiento adecuado de auditoría para asegurar los beneficios de los recursos».

En su cuenta de twitter la ANEP sugirió hoy previo a hacer oficial su retiro del comité, un ajuste fiscal por la vía del crecimiento y austeridad, según lo explicó su Presidente, Javier Simán, quien también añadió la necesidad del país para comenzar a pensar cómo pagar la deuda acumulada de El Salvador en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Por su por su lado la posición del Gobierno deja entrever que el retiro de la gremial élite del comite fiscalizador de los fondos de emergencia sólo pone a prueba de fuego la doble moral del sector privado, que por un lado exigen protagonismo y transparencia, pero que al momento de tener el chance lo desaprovechan con su conducta de niños caprichosos y manipuladores.

«Solicitan transparencia, rendición de cuentas y probidad. Pero cuando se les pide lo mismo, mejor se van. Piden que nos dejemos ayudar. Pero cuando se les da VOZ y VOTO en el manejo de FONDOS PÚBLICOS, no quieren ser fiscalizados. Ni siquiera por la Corte Suprema de Justicia» dice Nayib Bukele, Presidente de la República en su acostumbrado medio de Twitter.

Agrega que a la cúpula empresarial le encanta pedir transparencia, pero no se les vaya a pedir a ellos porque es casi una blasfemia.

«Les encanta decir cómo se deberían hacer las cosas, pero cuando se les invita a participar con voz y voto, preguntan si serán fiscalizados « Agregó Bukele.

Entretanto los partidos políticos en la Asamblea Legislativa han entrado a un forcejeo y aseguran que el Decreto Ejecutivo número 24 sí es violatorio de libertades individuales y que no fue el espíritu de la prórroga de la ley de emergencia nacional que en ningún momento significa estado de excepción por lo que consideran un abuso de poder por parte del presidente Bukele.

En el otro extremo de la realidad, es decir en la llanura, existen ya más de 26 miembros de la PNC contagiados de COVID 19, una docena de miembros del Batallón presidencial e igual número de miembros de la Fuerza Armada, y ha trascendido que varios empleados de un reconocido supermercado del país habrían resultado positivos a la prueba de Coronavirus lo que ha obligado a sus administradores a cerrar dos salas de venta.

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