Según ORMUSA y FEASIES la situación del impago de salarios a las personas que se encontraban en cuarentena domiciliar obligatoria es debido a éstos mismos desacuerdos entre el órgano legislativo y el ejecutivo..
Periodista, Alessia Genoves, colaboradora
(EN News) Al menos 130,226 personas han sido afectados por la suspensión laboral por la implementación de medidas sanitarias para afrontar el contagio por la Pandemia de COVID-19, reporta el “Balance de Casos de Vulneración de Derechos Laborales en el Marco de la Pandemia por COVID-19” de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES).
De éstos casos, el 79% corresponde a jóvenes menores de 29 años; y del total, el 54.5% de empleos suspendidos corresponden al sector de maquilas, y que el resto a “varios sectores”: entre los que fueron señalados 364 empresas privadas (principalmente). Pero sólo 88 despidos habrían sido reportados por contagio de COVID-19.
El cierre de actividades laborales ha sido ratificado desde la declaración del Estado de Alerta por la Pandemia del COVID-19; y sigue vigente en el Decreto Legislativo N.º 661 del Plan de Reapertura Económica. Durante la declaración del Estado de Emergencia se decretó cuarentena obligatoria, y estableció la apertura de las actividades laborales a sectores “indispensables” para afrontar la Pandemia del COVID-19.
El pago de subsidio por incapacidad al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a los trabajadores cotizantes en el decreto legislativo 593 (prorrogado en los decretos legislativos 622, 621 y 624), hasta su declaración de inconstitucionalidad (63-2020), por la Corte Suprema de Justicia, el pasado 18 de mayo.
“La situación del impago de salarios a las personas que se encontraban en cuarentena domiciliar obligatoria es debido a éstos mismos desacuerdos entre el órgano legislativo y el ejecutivo. Esta situación propició las suspensiones de contratos de trabajo, y despidos injustificados cuyo reclamo judicial no pudo realizarse de inmediato debido a la suspensión de plazos y de términos judiciales y administrativos”, lamentó Marta Zaldaña, en la presentación del informe.
Las ONGs señalan una reducción del pago de cuotas al 6% a 53,712 empleados cotizantes del ISSS, hasta el mes de abril. Y que, en contraste, el ISSS sólo había dado cobertura a 868 trabajadores cotizantes, en un gasto de $318,815 dólares, a aquellos con sospechas de contagio por COVID-19.
Con diferencia al año anterior, hasta mayo de 2020, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) reportó que 73,072 empleos que no recibir el pago de cuotas previsionales. Asimismo, reportó una disminución de hasta el 3.6% en el número de cotizantes del Sistema de Ahorro de Pensiones.
El Ministerio de Hacienda reporta una pérdida presupuestaria de al menos $648.1 millones de dólares; y prevee pérdidas de hasta el 20% de ingresos tributarios al final del año, $920 millones de dólares menos con diferencia a 2019; es decir, un total de al menos $5,443 millones de dólares.
Ante la situación de desempleo, el pasado 18 de julio, el Ejecutivo aseguró, desde su cuenta de Twitter, disponer de $140 millones de dólares para el pago del 50% de la dólares en la planilla de salarios a trabajadores de empresas “con menos de 100 empleados, y que facturan menos de $7 millones de dólares al año”. Monto que se añadiría a los $600 millones aprobados en el congreso para beneficiar a Mipymes, con la recién aprobada Ley de Fideicomiso.
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