Esto ayudará a una gestión más eficiente de los recursos públicos y privados, disminuyendo costos y tiempo de desplazamiento de las personas, dicen personeros oficiales.
(EN NEWS) A partir de octubre próximo, las empresas podrán acreditarse para proveer servicios de certificación y almacenamiento electrónico, y así poner en marcha la implementación de la firma electrónica para instituciones públicas y privadas, anunció la ministra de Economía, María Luisa Hayem.
La titular de Economía dice que el proceso avanza en un 85% y, a pesar de que la Ley de Firma Electrónica entró en vigencia en el año 2016, todavía se había venido gateando en el tema por lo que la actual gubernamental se ha esforzado para hacerla realidad.
“Hemos dado pasos importantes que nos acercan cada vez más al momento en el que los salvadoreños podrán hacer uso de la firma electrónica en sus trámites con instituciones públicas y privadas”, destacó la funcionaria
Desde la óptica del gobierno, este proyecto de país tendrá muchos beneficios para toda la población,ya que los documentos se archivan en un formato digital con garantías legales, siendo una herramienta más segura que la firma manuscrita.
El documento electrónico no puede ser modificado y se garantiza la confidencialidad a la vez que se convierte en una herramienta vital para el incremento de las inversiones nacionales e internacionales”, asegura la funcionaría de Economía.
El proyecto ha sido financiado con fondos de FOMILENIO II, por $1.68 millones, invertidos en la preparación de la infraestructura y la creación de la Unidad de Firma Electrónica del Ministerio de Economía (MINEC), así como capacitaciones, adquisición de hardware y software, entre otros.
El MINEC se convierte en la autoridad acreditadora de El Salvador, lo que le da la potestad para avalar a los proveedores de este servicio para que lo ofrezcan a las empresas.
“Los entes autorizados deben cumplir con estándares de calidad”, informa el director ejecutivo de FOMILENIO II, William Pleites.
A través de una encuesta, empresarios consultados señalaron que el alto costo del transporte y logística se traduce en mayores inconvenientes para la inversión privada que demanda recintos fronterizos modernos.
