Desde octubre de 2019, Hacienda ha presentado 54 casos por supuesta evasión de impuestos por un monto de $34.6 millones.

(EN NEWS) El controversial ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya y el director general de Impuestos Internos, Rubén Ordóñez, se presentaron una vez más ante la Fiscalía General de la República (FGR), a presentar tres nuevos avisos por presunta evasión fiscal que supera los $5.6 millones.

Hoy el arsenal Anti evasión fiscal lo enfiló Hacienda contra una alcaldía del oriente del país, una persona natural y otra empresa que se dedica al rubro de los alimentos. Es esta última, la que “más llama la atención” desde la óptica de ambos funcionarios.

“Queremos ponerlo como un ejemplo y precedente. Este es un aviso por presunta evasión de 5.6 millones de dólares para una empresa dedicada al rubro de elaboración de alimentos y otros rubros”, dicen.

Los 5. 6 millones habrían sido evadidos en un tan solo un año de ejercicio fiscal , pero será la Fiscalía General de la República la que tiene la ultima palabra en materia investigativa.

Al respecto, Ordóñez amplió que la empresa señalada de esta millonaria evasión también se dedica a la panadería y postres. “Detectamos en la auditoría que esta empresa obtuvo un incremento patrimonial no justificado por la vía de la capitalización de deuda que tenía contabilizada y no documentada, de alrededor de $18 millones”, apuntó.

El tema de pasar por ingresos ese tipo de fondos, lo habría utilizado la empresa como un pasivo, luego lo pasó a capital, tratando de dar información falsa al Ministerio de Hacienda a través de sus declaraciones; lo cual debió declararse como rentas gravadas”.

A esta empresa se le han objetado alrededor de $1.6 millones en concepto de deducciones de costos y gastos indebidos, contrataciones que no tenía documentadas de soporte, provisiones que no tenían ningún documento fiscal, por lo cual la suma ascendía alrededor de $18.6 millones, de lo cual se le ha informado a la FGR.

Rubén Ordóñez, destacó que “la operación de los casi $17 millones del pasivo no documentado, se realizó a través de una operación que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) considera que fue una operación ficticia con una entidad no domiciliada.

Este tipo de prácticas son comunes en algunas entidades que se aprovechan de otros regímenes fiscales, que nuestro país llama países de baja, o nula tributación, o paraísos fiscales, los cuales erosionan la base fiscal para poder pagar menos a través de tasas reducidas o,en todo caso, no pagan lo que se tiene con base a las tasas de renta.

En el caso de la comuna oriental, el ministro de Hacienda detalló que son alrededor de $12 mil dólares que la municipalidad retuvo a sus empleados y no fueron entregados al Ministerio de Hacienda”.

“Hemos dicho en varias ocasiones que no hay nada peor que alguien que retiene a sus empleados y luego no entrega al Ministerio de Hacienda o no traslada esos fondos, es algo que no vamos a permitir y seguiremos siendo fuertes”, sostuvo Zelaya.

En lo concerniente a la persona natural, “es por una presunta evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)” por el orden de los $15 mil, puntualizó Zelaya.

Los hallazgos corresponden a presunto delito de: Defraudación al fisco en su modalidad de evasión de impuestos (Artículo 249 literal A) y 249-A numeral 3 del Código Penal, y Apropiación Indebida de Retenciones o Percepciones Tributarias (Artículo 249 literal B) y 250 del Código Penal.

Desde octubre de 2019, Hacienda ha presentado 54 casos por supuesta evasión de impuestos por un monto de $34.6 millones. Por medio del Plan Antievasión, el Gobierno ha recuperado $181 millones hasta agosto pasado.