La acusación consiste en el presunto cometimiento de delito por haber revelado información confidencial de procesos de auditorías y afirmar que Hacienda no quiere pagar FODES teniendo recursos.

(EN NEWS) Al Gobierno de la República no le cayó en gracias las revelaciones que hiciera recientemente la Corte de Cuentas sobre supuestas anomalías en el manejo de fondos durante la pandemia Covid-19 y como reacción presentó aviso penal en la FGR.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, personalmente se avocó ante la FGR para interponer el aviso penal contra el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Roberto Anzora, acusándole de divulgar información preliminar de una auditoría en desarrollo.

Según el demandante, Anzora violentó el Código de Ética de la CCR en la parte relacionada con las normas de auditoría gubernamental y al mismo tiempo incumplió el artículo 324 del Código Penal, al revelar información de auditorías en curso, delito que es sancionado con prisión de cuatro a seis años.

“Dijo que en Hacienda había fondos para pagar el FODES (Fondo para el Desarrollo Económico y Social) lo cual es mentira, todos saben que pasamos por una situación complicada en la caja fiscal, pero él para hacer campaña electoral salió a dar declaraciones”, dice Zelaya.

Hizo púbico el desafío a la Fiscalía para procesar al magistrado presidente de la Corte de Cuentas por supuesto cometimiento de delitos.

Luego de las declaraciones vertidas a los medios de comunicación por el presidente de la Corte de Cuentas, Hacienda esperó ocho días para recibir la notificación preliminar de los presuntos hallazgos encontrados en la auditoría.

“Les dimos ocho días para enviar la notificación preliminar de auditoría, no ha llegado al Ministerio de Hacienda, nosotros no podemos desvirtuar el presunto hallazgo sin saber cuál es”, puntualizó Zelaya.

Tras revelar la información, Anzora habría violentado el Código de Ética que rige a la institución, al irrespetar los principios del secreto profesional mientras se encuentran en curso las auditorías y el de guardar imparcialidad política partidaria.

“Por Ley Orgánica de la Corte de Cuentas de la República, él no tiene acceso a los expedientes de auditoría, ¿Cómo tuvo acceso? ¿Por qué fue a revisar expedientes a los que legalmente no puede acceder para dar una declaración ante los medios?”, cuestionó el funcionario.

En su opinión, este tipo de acciones que ejecuta el presidente de la Corte de Cuentas de la República no garantizan los derechos para un debido y justo proceso.