El Gobierno trabaja articuladamente por garantizar y proteger los derechos de los padres de familia como consumidores de servicios en instituciones educativas privadas.

(EN NEWS) La ministra de Educación, Carla Hananía, y el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informaron sobre las acciones que se están desarrollando.

“Muchos padres y madres de familia nos alertaron y han pedido que actuemos como Ministerio de Educación ante algunos colegios que están imponiendo la compra de uniformes, útiles escolares, compra de libros, materiales y cobros adicionales”, explicó la titular de Educación.

El centro de llamadas habilitado para atender este tipo de denuncias reportó, entre el 8 y 11 de enero, 513 quejas de padres de familia sobre la obligatoriedad en la compra de libros impresos o digitales y con costos elevados.

Además hay quejas por la obligatoriedad en la compra de uniformes de uso diario, exigencia en la compra de materiales de limpieza, kits de bioseguridad, entre otros. También se registran 38 denuncias de incrementos de colegiaturas y matrículas.

Según la titular del MINED, ninguna institución privada está autorizada para incrementar las cuotas de matrícula o de las mensualidades, sin antes haberlo consultado en una asamblea de padres de familia.

Además, todo incremento en cuotas siempre debe estar vinculado con la mejora en el servicio educativo que se brinda, explicó la ministra de Educación.

Citó que el el artículo 100-A de la Ley General de Educación señala que los centros privados que ejecuten aumento de cuotas y matrículas en contravención a esta Ley, previa comprobación será sancionada.

La primera vez, la multa es de $5,000. En caso de reincidencia, la multa es de al menos $10,000 y cuando la infracción sea una tercera vez se hará la revocatoria de la autorización del funcionamiento.

“Esta misma Ley señala en su artículo 98-F como una falta muy grave, obligar a los alumnos y padres de familia a adquirir en la tienda escolar útiles, vestuario y enseres”, apuntó la funcionaria.

La Defensoría del Consumidor se mantendrá vigilante en este inicio de clases a través del Plan Defensoría Escolar 2021, un esfuerzo que busca prestarle atención a todas aquellas disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y que le brinden elementos de seguridad en el consumo

En relación a la compra de útiles escolares, esta institución pondrá a disposición de la población servicios de información y atención a denuncias en más de 60 puntos fijos.

Además, ha sido planificado un plan de inspección con no menos de 500 inspecciones a realizar en las próximas semanas, “con el objetivo de poder verificar disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor”, informó el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar.

La titular de Educación también recordó a los padres de familia que, así como tienen derechos como consumidores, también tienen deberes por cumplir. Por ello, si han asumido un compromiso con la institución educativa privada donde han matriculado a sus hijos, deben cumplir con dichos compromisos.