A la gremial le preocupa que la violencia contra las mujeres periodistas continúa presente y con tendencia a agudizarse.

(EN NEWS) El Salvador parece ir en retroceso respecto a los derechos de los hombres de prensa de diferentes medios de comunicación de El Salvador a través de una política institucional sistemática que menoscaba al llamado Cuarto Poder del Estado.

Así lo afirma la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en su informe sobre la Libertad de Expresión en El Salvador 2020 que recaba algunos casos de agresiones contra periodistas y trabajadores de la comunicación y violaciones a sus derechos laborales.

El informe destaca desde el 2019 incremento en las agresiones, restricciones, ataques y acoso digital contra periodistas que cuestionan a la estructura gubernamental sobre algunas actuaciones de funcionarios públicos ante lo cual despotrican contra la prensa en sus redes sociales, siendo el principal referente Presidencia de la República.

Las cifras de los últimos tres años sobre agresiones a periodistas hablan por sí solas: en 2018 se reportaron 65 casos, en 2019, se reportaron 77 y para 2020 se reportaron 125 casos, duplicando las del año 2018.

*Tipos de agresiones

La directriz de la APES señala restricción al ejercicio periodístico, ataque digital, bloqueos al acceso de información pública, despido injustificado, acoso digital, declaraciones estigmatizantes, hurto, amenaza a la vida, amenaza verbal, intimidación, reducción salarial, restricción salarial, adeudo salarial, suspensión de contrato, despido colectivo, daño al equipo de trabajo, desplazamiento forzado, privación de libertad y acoso sexual.

“Todo esto genera preocupación para la Relatoría de Libertad de Expresión de APES el elevado registro de restricciones al ejercicio periodístico, que aumentaron de 27 en el 2019 a 34 en el 2020, que equivalen al 27.2% del total de casos registrados”, dice Angélica Cárcamo, presidenta de APES .

Refiere que en comparación al periodo anterior, de los 27 casos de restricciones que se contabilizaron en el 2019, 17 fueron cometidos durante las elecciones presidenciales, lo que quiere decir que solamente 10 casos se cometieron en circunstancias distintas al proceso electoral, frente a los 34 del 2020 cometidos en tiempo no electoral.

El informe destaca que 5 casos de restricción al ejercicio periodístico ocurrieron durante los hechos del 9 de febrero; mientras que el 18.4% de los casos fueron clasificados como ataques digitales, el 16% como bloqueos al acceso de información pública y tan solo el 11.2% fueron despidos injustificados.

El Centro de Monitoreo de la gremial élite del periodismo en El Salvador recibió 23 denuncias consideradas como ataques, definidos así por ser señalamientos directos contra periodistas, relacionándolos con algún rumor o con el fin de descalificar su labor informativa.

“En algunos casos se llegó hasta el hackeo de páginas web de algunos medios o cuentas de correo electrónico de Periodistas”, asegura Angélica Cárcamo.

*Agresores

De acuerdo con el informe de la APES, los principales agresores de los periodistas durante el 2020 fueron funcionarios públicos con el 27.2%; casos atribuibles a la Policía Nacional Civil (PNC) el 12.8% y casos derivados del Gabinete de Salud Ampliado el 6.4%.

Mientras que el resto agresiones corresponde a instituciones públicas, medios de comunicación, seguidores de partidos políticos, La Casa Presidencial, manifestantes, sindicalistas, supuestos pandilleros y usuarios de redes sociales.

*Violencia de género

A la gremial de periodistas salvadoreños también le preocupa que la violencia contra las mujeres periodistas continúa presente de diferentes formas en los medios de comunicación, en el relacionamiento con las fuentes de información y con los agentes del Estado.

Susana Peñate (izquerda en la fotografía) afirma que según los registros de APES, el 20% de víctimas eran mujeres, principalmente en ataques y acoso digital, contra quienes se descarga un lenguaje soez, denigrante y estigmatizante.

*Retroceso en acceso a la información

En el ámbito del acceso a la información pública y la transparencia, la Relatoría de la APES identifica un retroceso abrupto en el 2020, señalando vicios de ilegalidad en el proceso de elección del comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), propuesto por el sector de periodistas desarrollado en 2020, debido a manipulaciones desde la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.

“Además, se suspendieron prácticas de transparencia en el IAIP como grabar en formato audio las audiencias, con el argumento de que eso provoca “fuga de información”, y se declaró en reserva información de carácter pública generada en el marco de la pandemia por COVID-19”, dice Peñate, también directiva de APES.

Ambas portavoces concluyen que el 2020 también hubo bloqueos de periodistas a las cuentas de Twitter del presidente Bukele y otros funcionarios públicos, que es una forma común de negar el acceso a la información oficial.