La Defensoría del Consumidor puso en marcha este lunes la aplicación “Ponele el dedo al especulador”, para que la población reporte a los proveedores y establecimientos comerciales de bienes y servicios que incrementen injustificadamente los precios de alimentos, artículos de primera necesidad y servicios esenciales.

(EN News) El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, ha informado que esta aplicación tiene como propósito evitar y perseguir el alza injustificada de precios y el acaparamiento de productos, para salvaguardar la seguridad alimentaria y la capacidad adquisitiva de los salvadoreños ante el nuevo salario mínimo a partir de agosto próximo.

La Defensoría del Consumidor que mantiene su despliegue territorial de inspección también hizo un llamado a la población a hacer uso de esta nueva herramienta para defender sus derechos e intereses ante cualquier abuso y denunciar a los especuladores, a través de la aplicación “Ponele el dedo al especulador”, disponible en el sitio web www.defensoria.gob.sv.

Mediante esta aplicación los consumidores podrán detallar las características del producto y del proveedor que a su juicio esté especulando con los precios o acaparando productos, información que será de utilidad para iniciar acciones y deducir las responsabilidades administrativas, y penales si las hubiere, en cuyo caso se coordinará con la Fiscalía General de la República (FGR), informó el presidente de la entidad defensora de las personas consumidoras.

La Defensoría del Consumidor, a través de la Dirección de Vigilancia de Mercado monitorea los precios de los productos alimenticios y de primera necesidad, para evitar prácticas abusivas como la utilización de maniobras o artificios tendentes a incrementar precios, dijo Salazar, al tiempo que advirtió que, en caso de identificar un incremento abrupto de precios se actuará de conformidad con los arts. 18, literal h, y 44, literal e, de la Ley de Protección al Consumidor.

Dicha infracción, muy grave, puede ser sancionada con multa hasta de 500 salarios mínimos, sin perjuicio de la acción penal que podrá coordinarse con la FGR, por delitos relativos “al mercado, la libre competencia y la protección del consumidor” en relación con el acaparamiento, agiotaje y la propalación falsa, según los arts. 233, 236 y 237 del Código Penal.

Las personas consumidoras también disponen del WhatsApp 7860-9704 y teléfono 910, para reportar abusos en los precios.