Con voces de indignación hicieron un llamado a la comunidad internacional a poner la atención en El Salvador ante la amenaza de un escenario bastante similar al modus operandi de países como Nicaragua o Venezuela.

(EN NEWS)—Así lo expresaron en conferencia de prensa esta mañana integrantes de la Mesa de Protección a Periodistas que condenó públicamente las acciones que se su juicio símbolizan vulneraciones a la libertad de prensa.

Esto sería parte de una guerra psicológica oficial, que según los portavoces de la Mesa, ponen en duda las garantías para ejercer un periodismo libre e independiente en El Salvador.

Durante los últimos tres días periodistas de diversos medios de comunicación han enfrentado declaraciones estigmatizantes, agresiones físicas y expulsión del país, según informaron los portavoces.

El primer caso en la mira ciudadana corresponde al periodista del canal 33, Luis Muñoz, a quien el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Oscar Alberto López Jeréz, denigró luego que el comunicador le hiciera una pregunta sensible e “incomoda“.

“Creo que es un periodista con una mentalidad bastante pobre”, fue la frase utilizada por el abogado en un comentario inapropiado y desafortunado a la talla de un funcionario público.

El segundo hecho denunciado por la Mesa se dio el martes 06 de julio cuando por orden de Casa Presidencial se negó permiso de residencia al periodista mexicano, Daniel Lizárraga, bajo el argumento que no se pudo comprobar su calidad de comunicador.

“Dicho acto es un agravio al ejercicio periodístico pues el gobierno utiliza un argumento falaz para expulsar al periodista de El Salvador y constituye una antesala para negar el ingreso a periodistas extranjeros”, dijeron los denunciantes.

El tercer acto, ocurrió la tarde de este 07 de julio cuando el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Raúl Martínez Velásquez, agredió físicamente al periodista de El Diario de Hoy, Jorge Beltrán Luna, mientras daba cobertura a la recuperación del cadáver de un estudiante en la rivera del río Tomayate, en el municipio de Apopa.

Esta acción constituye un acto de intolerancia al ejercicio periodístico de un actor que, en lugar de salvaguardar la integridad del periodista, estigmatiza el trabajo de los comunicadores, afirman.

Datos del Centro de Monitoreo de Agresiones a periodistas registran del 01 de enero hasta el 07 de julio del 2021 un total de 153 vulneraciones a la prensa. Durante el 2020 se reportaron 125 agresiones.