(EN NEWS) —La Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS) se mostró preocupada ante la iniciativa del Ministerio de Trabajo para la creación de la nueva “Ley Especial de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada.

En su opinión hay varios puntos de la propuesta de decreto que no corresponden con la realidad de su sector y tal como está planteado si es aprobado impactará negativamente en los ingresos de las empresas de seguridad que por ahora generan más de 15 mil empleos directos e innumerables indirectos.

“La seguridad privada en El Salvador es considerada la primera línea de defensa de los salvadoreños y por eso es un rubro importante que consideramos debe ser escuchado para que al final se apruebe una ley integral”, dijeron.

La UNAPS está conformada por 80 empresas de seguridad que generan más de 15 mil empleos directos y según sus directivos han sido siempre respetuosos de las leyes nacionales.

Expresaron estar de acuerdo en ser parte de una amplia discusión sobre el tema en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa ya que reconocen que existen vacíos y fallas en la normativa actual.

Tal como reza el texto original de la reformas planteadas se busca aumentar el costo del servicio que se presta en empresas y residenciales.

Con el incremento del salario mínimo, que recientemente entró en vigencia, el turno de 24 horas, pasó de $836.00 a casi $1,100.00 dólares y con la nueva ley, tal y como se plantea, pasaría de $1,100.00 a $2,600.00 dólares aproximadamente, lo cual les coloca en un escenario complicado, ya que es una
cantidad imposible de cumplir para muchos sectores.

Advierten que esto se traduciría en despidos de personal en el rubro y sus clientes pagarían costos difíciles de cubrir.

Con el aumento por el salario mínimo la demanda de guardias de seguridad bajó un 6%, lo cual equivale a 4,050 empleos que se perdieron en el mes de septiembre.

Asimismo las empresas de seguridad no calificaron en los subsidios que otorga el gobierno ya que la mayoría tienen más de 100 empleados y eso implica que no pudieron acceder al beneficio del subsidio.