Los asentamientos de familias en condición de pobreza extrema se proliferan en propiedades estatales, municipales y privadas de los 14 departamentos del país.

(EN NEWS) —Según dos importantes ONGS de El Salvador, MOVITIERRA Y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el artículo 23-2009 que promueve desalojos forzosos es violador de derechos humanos y por ende debe destronarse jurídicamente.

En opinión de sus representantes, el Estado en su calidad de garante de los derechos, bienestar y desarrollo de la población salvadoreña debe proveer herramientas de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra con énfasis en las familias socialmente
excluidas históricamente.

“La seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es una de las manifestaciones del derecho a la vivienda adecuada
y evita que se generen desalojos forzosos”, dijeron representantes de ambas ONGS .

Esta problemática se ve reflejada en la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples correspondiente al año 2020, donde se establece que, de 1,871,468 hogares contabilizados en el país, solamente el 53.7 % está en condición de legalidad su posesión.

Es decir, que de cada 100 hogares únicamente 53 poseen certeza jurídica de la vivienda que habitan y esta situación de inseguridad legal genera desalojos forzosos casi permanentemente en los asentamientos urbanos, principalmente.

Los ejemplos son diversos: las familias asentadas en el kilómetro 53 de la carretera de El Litoral, cerca de la Lotificación Costa Azul y del cantón El Zonte (playa el Zonte); las 35 familias en calle Hacienda El Zope, en Acajutla departamento de Sonsonate; las 126 familias que se encuentran amenazadas
de desalojo en la comunidad Bendición de Dios, en San Miguel.

Así también, las 700 familias que temen ser desalojadas en la Hacienda Normandía, en Jiquilisco Usulután; las 86 familias de la comunidad 10 de Mayo, del cantón La Gloria en Ahuachapán, entre otras.

Es por ello que se presentará en los siguientes días una propuesta de derogatoria de dicha Ley Especial para
la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, Decreto Legislativo número 23 del año 2009.

“El Estado lejos de promover acciones en favor de las familias salvadoreñas en materia de vivienda adecuada,
posee normativa que transgrede dicho derecho y promueve desalojos forzosos”, concluyeron los conferencistas.