(EN NEWS) —Al Director General de Transporte, Ingeniero Raúl López Velado, le está lloviendo sobremojado luego que importantes sectores del transporte público de pasajeros a través de su departamento jurídico lo demandaron penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Según el documento jurídico a cual se tuvo acceso con petición de reserva de identidad del apoderado legal de transportistas, el aviso a la FGR contiene una petición de Acción Penal en contra del Director General de Transporte Terrestre por supuestos actos arbitrarios que contravienen inclusive, un Decreto Legislativo.
El querellante solicita respetuosamente que se «ejerza acción penal pública por el supuesto delito de Actos Arbitrarios» previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal salvadoreño ya que según el Jurista demandante la actitud del funcionario pone en perjuicio la sobrevivencia del sector transporte en general.
Con la Ley en la mano, el profesional del Derecho asegura que la Asamblea Legislativa saliente aprobó el Decreto 858, con fecha 14 de Mayo 2021(publicado en el diario oficial, tomo 531) y que regula disposiciones transitorias pendientes de resolver debido a las interrupciones derivadas de la emergencia por el Covid-19.
En su contenido se explican también las razones en la cadena de producción y suministros de unidades de transporte a nivel internacional, que han impedido que las unidades del transporte sean sustituidas por los concesionarios y permisionarios, del transporte público del país.
El referido Decreto, establece en su Artículo 5, referente a la sustitución de unidades de transporte que no pudieron cambiarse por la pandemia del Covid 19, que se otorgan 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto 858.
Este periodo es para que los concesionarios o permisionarios que no pudieron refrendar o sustituir en el año 2020 por haber vencido su vida útil, o que encontrándose vigentes por distintas razones no pudieron refrendarse, puedan realizar la sustitución de los vehículos de transporte público o autorizar su refrenda, cuya vigencia se extiende hasta Mayo del año 2022.
Parte de la demanda dice que el Director General de Transporte, haciendo uso discrecional del Decreto relacionado, únicamente ha matriculado las unidades año 2000 y 2001, hasta el mes de diciembre del presente año, es decir 6 meses, y de acuerdo al Decreto en mención debió matricular estas unidades hasta el mes de mayo del año 2022.
Significa que el plazo legal es para 12 meses; sin embargo, la parte denunciante asegura que su contenido ha sido mancillado por el actual Director General de Transporte y sin ninguna intervención de pretender corregir el problema, pese a diversas solicitudes del sector transporte.
Algunos transportistas, que declinaron relevar su identidad dicen que el actual funcionario público no es muy empático con las necesidades del sector transporte dado que no privilegia el diálogo- concertación con los que sí conocen la problemática estructural por años como son los verdaderos empresarios.
Los transportista solicitan a la brevedad posible al Ejecutivo actuar con prontitud para dirimir este conflicto también de carácter administrativo porque afecta no sólo el marco jurídico nacional; sino también se lleva de encuentro a numerosas empresas de transporte, empleados y sus familias.
Ingeniero Raúl López Velado
Según el jurista que interpuso la demanda ningún funcionario puede estar encima de la Ley, por lo que el Director General de Transporte no tiene más que acatar y cumplirla.
