(EN NEWS) —La Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES y organizaciones territoriales Mesa por la Sustentabilidad del Agua y el Medio Ambiente de Ahuachapán (MESAMA) y Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO) hicieron un balance de la gestión pública ambiental durante el año 2021.
«Fue un año complicado pues aun estamos en un contexto de pandemia a causa del COVID-19 y hay fuerte presión por parte de actores económicos y del gobierno salvadoreño, de regresar a una supuesta normalidad a pesar de las nuevas variantes del virus y, sin avanzar en la protección ambiental», dijeron sus exponentes.
Aseguraron que por el contrario, se promovieron retrocesos en el acceso a la información, participación y justicia ambiental de las comunidades con conflictos socio/ ambientales.
Como ejemplo de lo anterior, citan que en la discusión y aprobación de artÃculos de una Ley General de Recursos HÃdricos con un perfil privatizador del agua, no se desarrollan aspectos fundamentales para su cuerpo normativo.
El gran tema ausente, es el reconocimiento del derecho humano al agua y el saneamiento, la participación ciudadana, la visión y protección de las cuencas hidrográficas, el régimen económico justo y equitativo, dijeron en conferencia de prensa.
«De la misma forma, es igualmente negativo que se derogaran artÃculos del Código de Salud que brindaban un mecanismo de control por parte del Ministerio de Salud a las lotificaciones y nuevas urbanizaciones», razonaron.
Indicaron que la aprobación de leyes como el Bitcoin hace prever impactos nefastos impactos en los ecosistemas porque se abre puerta a la minerÃa metálica con la consecuencia de generar más impactos adversos al cambio climático.
