Autoridades exigen DUI o constancia de trabajo a personas que ingresan a colonias dominadas por pandillas
(EN NEWS)- Por tercer día consecutivo, soldados de la Fuerza Armada permanecen en la entrada de la colonia San José El Pino, en Santa Tecla, departamento de La Libertad y piden identificarse al que pretende ingresar o salir.
Además les preguntan a dónde se dirigían y registrar sus bolsas; a quienes dicen que se dirigían a sus trabajos les piden una constancia laboral.
Otros lugares que han sido intervenidas por las autoridades de seguridad son las colonias Guayacán, Kiwani y El Limón, de Soyapango; colonia 22 de abril, en el límite entre Soyapango y San Salvador, Ciudad Futura en Cuscatancingo.
Todas ellas son lugares dominados por la Mara Salvatrucha o Pandilla 18. Estos delincuentes antes pedían a las personas no conocidas y a los vendedores que se identificaran. Los vendedres de productos deberían pagar una renta y dejar varias bolsas o paquetes de mercancía a los delincuentes.
Sobre estas medidas, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo: “No, el régimen de excepción es prácticamente focalizado, para un segmento de la población y ese segmento son los delincuentes. Los que han perdido las garantías en este país son los delincuentes”, dijo Castro.
Algunos habitantes de esas colonias expresaron que con los operativos y controles que se están haciendo se les está vulnerando sus derechos de movilidad; mientras otros afirmaron sentirse con más seguridad teniendo en cuenta el acecho de las pandillas.
“Uno se siente bien seguro, sabiendo cómo es la colonia, y uno nunca sabe cuándo le cambie el humor a estos muchachos (pandilleros)”, aseguraron habitantes, en referencia a los pandilleros.
La intervención de las colonias, dominadas por pandilleros, según las autoridades, se están realizando bajo el decreto de régimen de excepción, aprobado el pasado domingo 27 de marzo por la Asamblea Legislativa, que tendrá una duración de 30 días, y suspende cuatro garantías constitucionales entre ellas: la libertad de asociación, derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones.