Empresarios denuncian desorden en los controles técnicos vehiculares y amenazas por parte de la Dirección General de Transporte Terrestre.

(EN NEWS)—Desde hace dos semanas el Viceministerio de Transporte, por medio de la Dirección General, inició un proceso de revisiones técnicas vehiculares para los autobuses y microbuses, como requisito para que los empresarios de este sector puedan acceder a la compensación económica, que de hecho el Gobierno paga con fondos de los contribuyentes.

Este rigor excesivo está generando problemas serios de procedimiento técnico en los talleres autorizados y un fuerte golpe económico para los transportistas que cargan ya sobre sus espaldas gastos onerosos en mejora de sus unidades.

Empresarios que se han hecho presentes a los talleres a verificar los métodos que se están utilizando para estas revisiones dan fe que estas revisiones son una exigencia de primer mundo que no toma en cuenta la realidad del país y del sector de transporte público de pasajeros y por tanto, la califican de inoportuna y discrecional.

En primer lugar, aseguran que por la crisis que el país ha vivido por el Covid-19, se paralizó por más de un año este servicio vital para las clases populares ⁷y esto sumado a elevados costos de la factura petrolera aumenta constantemente el precio de combustible y sus derivados con un escenario sumamente complicado para operar.

*Hoy se une a esta espiral de problemas la discrecionalidad de los más de 40 requisitos que se deben cumplir físicamente por cada unidad de transporte, las cuales ni en los países de primer mundo superarían”, dicen con indignación los transportistas quienes sospechan que hay personajes obscuros interesados en hacerlos quebrar totalmente.

Con estas condiciones, adelantan, se vislumbra un verdadero caos, sobre todo de carácter económico y que peligrosamente expone al país a un riesgo inminente de paro operativo en todo el sector del transporte a nivel nacional.

Como consecuencia, miles de usuarios marcharían en caravana por las diferentes calles del país, tal como se aprecia en imágenes sobre centroaméricanos que emigran hacia otros países; situación similar pasaría en El Salvador: miles de salvadoreños marchando por las calles sin transporte público. Esto debe evitarse agotando el diálogo civilizado entre los involucrados.

Para muestra un botón. El empresario de una ruta de autobuses del departamento de La Unión(con reserva de identidad), señala que otro problema que se agrega a lo engorroso de este proceso de revisión vehicular consiste en que únicamente los fines de semana se pueden hacer dichas pruebas técnicas, con el agravante que los sábados sólo trabajan hasta el mediodía.

Agregados a esto, existe conciencia que no se podrán pasar esas revisiones aunque exista voluntad de los empresarios a cumplir con la disposición legal, por lo que hacen el llamado a la flexibilidad basada en la realidad económica del sector transporte y del país entero.

Otro empresario de la zona occidental del país relata que invirtió mucho dinero en ajustar dos motores de sus unidades, ya que una de las disposiciones de la nueva ley es que las unidades tengan cero derrame de aceite en el motor.

Sobre este caso se conoció que cuando cuando el transportista llegó al punto de revisión técnica le dijeron que no pasaría la prueba porque el automotor no tenía llantas nuevas. Este rechazo de ser sometido a la prueba es inaudito e injusto porque no se valoró el sacrificio del gasto de casi $6 mil dólares para llevar en buen estado los dos motores.

Similar experiencia han vivido empresarios de la zona central, quienes desde una noche antes llegan a hacer fila para ser los primeros en someterse; sin embargo, los resultados en la mayoría de casos son negativos ya que los encargados no logran revisar todos los automotores.

Unidades provenientes de Soyapango, no han pasado la prueba porque los radiadores no llevan agua refrigerante, y porque el aceite de motor no tiene la densidad científica, dicen, pese a llevarlo recién puesto. Otros porque la unidad no porta timbre de botón, lo que para los empresarios es engorroso y riguroso.

En otro caso se señala que la unidad de transporte no pasó la prueba técnica porque no portaba un “gato” hidráulico para levantar el automotor cuando se quedaba con llanta baja, lo cual consideran risible, y genera una espiral de pesimismo en los empresarios transportistas que históricamente han sido la cenicienta de los modelos económicos y la clase política de turno.

Tiene sentido común pensar que muchas mejoras exigidas de nada sirven, y más que aliviar el problema se suman a otra gama de situaciones tormentosas como son el alto costo de los combustible que no paran de subir como el cohete y hacen prever un escenario futuro desalentador por el conflicto militar en Ucrania.

El grave problema es que estas revisiones técnicas están amarradas o condicionadas a la entrega de la compensación económica para los transportistas, lo cual hace prever que no hay voluntad real de subsanar un problema de tarifas porque al final de cuentas quienes reciben este beneficio son los usuarios al no pagar una tarifa real de libre mercado, sino subsidiada con fondos públicos.

La compensación para la Estabilización de las Tarifas, del Transporte Colectivo, es para que los usuarios no paguen más de las tarifas actuales, pero con estos requisitos altamente discrecionales lo que sucederá es que la población le tocará caminar, gracias a la Dirección General de Transporte , que ha venido presionando con amenazas de terminar con dicha compensación.

La estrategia de miedo es para que se cumplan órdenes oficiales a como de lugar, argumentan los empresarios, quienes afirman que las amenazas giran alrededor de terminar de una vez por todas con la compensación económica, aun habiendo prestado los transportistas el servicio a los usuarios.

Esta actitud de prepotencia por parte de la Dirección de Transporte Terrestre podría ser una maniobra para aniquilar a miles de empresarios transportistas, que no necesariamente cuenta con el aval del Gobierno de la República de El Salvador.