El dinero que reciben los pandilleros en los centros penales es producto de las extorsiones

(EN NEWS)-Las intervenciones de llamadas del caso plaza Libertad revelaron que un palabrero del Barrio 18, apodado “El Rosado”, se reúne con pandilleros que son reos en los penales, entre ellos, el de Máxima Seguridad en Zacatecoluca, La Paz, para recibir órdenes y llevarles dinero de las extorsiones.

El juez señaló que en los audios se ha detectado que “El Rosado”, que supuestamente tiene vía libre para ingresar al penal de Zacatecoluca, éste lleva y trae mensajes, recibe órdenes de ejecución de personas, la imposición de nuevas extorsiones a víctimas e incluso órdenes de asesinato.

Los audios también dejaron al descubierto que del dinero de las extorsiones que se cobran en el Centro Histórico de San Salvador, una parte es para llevarle a los pandilleros que están en los penales de Izalco, San Francisco Gotera en Morazán y Quezaltepeque, entre otros.

Otra parte de las extorsiones va a los familiares  de los pandilleros, además una porción de ese dinero, está destinado para pagar los abogados que llevan los casos de los reclusos.

El juez antimafia de Sentencia “A”, de San Salvador, advirtió a los abogados defensores que tengan cuidado con el cobro de sus honorarios, porque podrían estar recibiendo dinero que tiene origen ilícito y cometiendo el delito de lavado de dinero.

También recordó a los parientes que obtienen dinero mensualmente de las extorsiones para cubrir sus necesidades básicas, que esto es ilegal y podrían estar cometiendo un ilícito que les podría ocasionar capturas y enjuiciamientos

El juez también hizo hincapié en que el dinero que depositan a las cuentas que Centros Penales ha abierto para que sus parientes reclusos lo utilicen para realizar sus compran al interior de los penales, puede ser ilegal pues es producto de las extorsiones.

Si ese dinero es producto de la extorsión, dijo el juez, las tiendas institucionales bajo la sombra de Centros Penales podrían estar lavando dinero y eso es un delito que se sanciona con 20 años de prisión más si se trata de funcionarios públicos.

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