(EN NEWS)- La Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia mostró su preocupación por el hostigamiento e intimidación de que fue sujeto el juez Jorge Guzmán, el pasado fin de semana frente a su residencia en San Miguel.
La Federación Centroamericana reitera una vez más su respaldo a jueces y juezas independientes en la región, según los estándares de los sistemas universal e interamericano en materia de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de garantizar el respeto de la integridad de personas que imparten justicia.
El juez Juan Durán en su cuenta de Twitter denunció el caso de su colega: “Denuncio públicamente el hostigamiento y amenazas sufridas este fin de semana, en casa del exjuez Jorge Guzmán, cesado por el Decreto Legislativo No. 144-2021 que cesaba a todos los jueces con 30 años de servicio y que tuvieran 60 años de edad».
Según Durán, sujetos desconocidos llegaron a “la medianoche del sábado, a gritar, amenazar y golpear su vehículo. Mi solidaridad con el exjuez Jorge Guzmán”, señaló.
El exjuez Guzmán afirmó a Durán que el pasado fin de semana, lo pasó fuera de su casa.
Sin embargo, su hijo que se encontraba en casa, le relató que como a las 12:30 de la noche del sábado, descansaba en una hamaca en la terraza de su casa cuando escuchó unas voces en la calle.
“Las (voces) que al principio no entendió porque estaba con unos audífonos, pero cuando se los quitó, escuchó que mencionaron dos veces Jorge Guzmán, juez maldito de Gotera”, explicó Guzmán en una conversación que habría compartido el juez Durán.
Luego, dice que su hijo apagó unas luces al interior de la casa y escuchó que dijeron “apagaste la luz maldito” y tras oír el golpe de dos puertas de vehículo” se fueron.
Guzmán relató a través de mensajes a sus colegas jueces, que su hijo llamó a la Policía Nacional Civil y denunció el caso, pero no atendieron su llamado.
El juez Guzmán tenía a su cargo el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, en el juzgado de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, hasta septiembre del 2021, cuando un decreto legislativo lo cesó junto a un centenar de juzgadores más, mayores de 60 años o que tenían más de 30 en la judicatura.
Antes que entrara en vigencia el decreto, Guzmán fue uno de los que afirmó que este era “inconstitucional y violentaba los principios constitucionales de independencia de poderes, independencia judicial, estabilidad laboral y protección de la familia”.
El juez Guzmán reabrió el caso y la investigación de El Mozote desde 2016, 40 años después de la guerra civil en El Salvador 1980-1992 y promovió la investigación.
