(EN NEWS)- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que las reformas penales que prohíben a medios de comunicación y personas la reproducción de mensajes de pandillas «activan riesgos de criminalización severa» sobre las actividades legítimas de libertad de expresión.
Para la Relatoría, las presentes reformas, tal como fueron redactadas, activan riesgos de criminalización severa sobre actividades legítimas en la sociedad y de especial trascendencia para la vida democrática como lo son el periodismo, la defensa de los derechos humanos, la actividad parlamentaria, la investigación académica, entre otras.
La Relatoría señala que la ambigüedad de las reformas impide “distinguir entre las expresiones sancionables y las que no” serían sancionables y recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige «utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles”.
Esta ambigüedad, explica, contraviene estándares internacionales que exigen que todo límite a la libertad de expresión esté «de manera expresa, taxativa y clara en la ley».
Los riesgos de criminalización advertidos por la Relatoría se extienden a actividades como el periodismo, la defensa de los derechos humanos, la investigación académica y la actividad parlamentaria.
¿Qué le dijo el Gobierno a la Relatoría?
La Relatoría recibió la respuesta del Estado salvadoreño, que defiende la claridad de ambas reformas. Sin embargo, el Gobierno señaló que la libertad de expresión no es absoluta sino que “encuentra límites tales como el orden público”.
Ante ello, la Relatoría advierte que el orden público “no puede ser invocado para suprimir un derecho garantizado por la Convención Americana” como la libertad de expresión.
El Gobierno salvadoreño, sin embargo, notificó a la Relatoría que durante siete días los medios de comunicación “han continuado realizando publicaciones en diversidad de plataformas y en redes sociales sobre el tema de las pandillas en El Salvador y no ha existido persecución alguna” y que “ni en sede judicial ni en sede administrativa se han iniciado diligencias contra los medios de comunicación como institución ni individualmente contra sus miembros”.
¿Cuáles son las dos reformas?
Una reforma al Código Penal castiga con penas de 10 a 15 años de prisión la reproducción en medios de comunicación de “mensajes” presuntamente de pandillas o que “hagan alusión” a las mismas; y otra reforma a la Ley de Proscripción de Pandillas prohíbe expresamente a los medios de comunicación la transmisión de estos “mensajes” cuando pudieran generar zozobra o pánico en la población. La primera reforma también pena los grafitis, los cuales están siendo borrados por el Gobierno.
