Alianza Nacional contra la Privatización evalúa con baja calificación gestión gubernamental en materia hídrica y medio ambiente

(EN NEWS)—Miembros de la Alianza Nacional Contra la Privatización hicieron hoy una evaluacuón en materia de políticas sobre recursos hídricos y medio ambiente por parte de la administración Bukele y aseguran que por sobre avances hay retrocesos significativos en el país.

«Concurridos tres años de gobierno del presidente Nayib Bukele y, al escudriñar las ofertas de campaña plasmadas en el eje de medio ambiente del Plan Cuscatlán, parece que el presidente no tiene muchos logros que se puedan aplaudir», destacan sus integrantes.

Por ejemplo, el derecho humano al agua y al saneamiento como fundamentos contemplados en la Constitución de la República carecen de fiel cumplimiento.

Aseguran que esta promesa a pesar de ser un derecho reconocido por Naciones Unidas desde el año 2010 y estar presente en las reiteradas exigencias del movimiento ambiental, organizaciones y comunidades, los diputados de la Asamblea Legislativa no le han dado prioridad.

En similar actitud ha caído el Ejecutivo, ya que ninguno los dos poderes del Estado ponen atención a un problema que se agudiza cada vez más, haciendo avisorar un escenario catástrófico para los próximos años sobre calidad y distribución de agua, como también la agonía del medio ambiente.

«Para los próximos años, de resultar ciertas estas proyecciones, habrá un impacto significativo a los ecosistemas a nivel nacional, acrecentando la crisis ambiental que ya resiente el país. Los proyectos mal llamados de “desarrollo” como Ciudad Bitcoin, el Aeropuerto de Oriente y el Tren del Pacífico son iniciativas potencialmente para agudizar la crisis ambiental’, sentencian sus representantes.

Consideraron imperativo promover desde el Ejecutivo el desarrollo normativo del derecho al agua y saneamiento; esto por medio de una ley general de agua que contemple un enfoque de cuenca y los usos prioritarios del agua de acuerdo a los estándares internacionales.

Asimismo, aseguran, es urgente una autoridad rectora eminentemente pública y la prohibición de cualquier modalidad privatizadora del agua en el país; de lo contrario, la crisis hídrica será impredecible como también el estallido de un conflicto social de grandes dimensiones.

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