(EN NEWS)- La organización Amnistía Internacional (AI) emitió una “acción urgente” al presidente salvadoreño Nayib Bukele para que detenga la serie de atropellos a los derechos humanos ocurrida bajo el Régimen de Excepción aprobado a finales de marzo, tras un alza inexplicable de crímenes por parte de las pandillas.

Entre las denuncias presentadas por Amnistía Internacional se encuentran las detenciones arbitrarias, malos tratos a reos, muertes bajo custodia de entidades gubernamentales y ataques a periodistas y medios de comunicación.

“Hoy emitimos acción urgente para mostrar a @nayibbukele que el mundo está mirando”, expresó el organismo internacional a través de una publicación en Twitter.

Amnistía Internacional detalla en su pronunciamiento que “los derechos humanos de la población están gravemente amenazados”, según las denuncias emitidas por familiares y personas que fueron detenidas.

Según los datos oficiales emitidos por las autoridades de seguridad estatales, más de 26,000 personas han sido detenidas bajo acusaciones de pertenecer a pandillas. Según recoge la denuncia de AI, en muchas ocasiones estas ocurren en comunidades que son cada vez más estigmatizadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

AI señala que la legislación aprobada posterior al Régimen de Excepción también entra en controversia con lo dictado por el derecho internacional, con respecto al derecho a la defensa, juzgar a las personas sin que estas estén presentes en el juicio (in absentia) y la eliminación de los tiempos máximos de prisión preventiva.

Otro de los puntos que condena AI es la serie de atropellos a los derechos humanos, en los cuales contemplan más de 300 denuncias, en las cuales, según contabilizan, más del 70 % están referidas a las detenciones arbitrarias.

“Amnistía Internacional pide al presidente Nayib Bukele que tome todas las medidas necesarias para poner fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el contexto del régimen de excepción, y que diseñe estrategias de seguridad pública que garanticen los derechos fundamentales”, puntualiza el comunicado.