(EN NEWS)- Para este viernes está previsto que los magistrados de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador resuelvan dos peticiones hechas por los abogados del exministro de la Defensa, David Munguía Payés, las cuales consisten en que declaren si el delito de enriquecimiento ilícito ya prescribió y si la Fiscalía hace un doble juzgamiento en su contra.

“Se ha interpuesto una petición de prescripción por enriquecimiento ilícito ya que la demanda fue presentada extemporáneamente, hasta el 21 de diciembre de 2021, diez años y 30 días después de que Munguía Payés finalizó su periodo”, afirmó el abogado Ricardo Miranda.

La otra petición, consiste en la no viabilidad de la demanda por existir un proceso activo de extinción de dominio por incremento patrimonial no justificado. “Hemos establecidos que tanto en el proceso de extinción de dominio que tiene mucha más amplitud en cuanto al periodo, coinciden los términos de la demanda de enriquecimiento ilícito”, afirmó el abogado.

Por la complejidad de las solicitudes y la abundante prueba por analizar, los magistrados se tomaron el martes, miércoles y el jueves para resolver.

La Constitución de la República, en el artículo 140, dicta que de haberse considerado la posible existencia de enriquecimiento ilícito en un funcionario, podrá ser juzgado diez años posterior de finalizado el periodo como funcionario.

En este caso, Munguía Payés fue ministro de la Defensa entre el 1 de junio de 2009 y finalizó el 21 de noviembre de 2011, de ahí el argumento de la defensa que el plazo de la demanda venció.

La Fiscalía General de la República le reclama a Munguía Payés en el proceso de enriquecimiento ilícito, la cantidad de $491,297.74, mientras que a su esposa $3,614.07 y a dos de sus hijas $3,462.50.

Supuestamente, estos fondos consisten en la adquisición de una propiedad, pagos realizados a tarjetas de crédito y depósitos bancarios en cuentas corrientes y de ahorro, en total, 14 irregularidades que el núcleo familiar no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Los hechos que se les atribuyen ocurrieron del 1 de junio de 2009 al 21 de noviembre de 2011, cuando fungió como ministro de la Defensa Nacional, en el periodo de presidencial de Mauricio Funes.

El Ministerio Público Fiscal ha solicitado a la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador que los demandados restituyan el dinero al Estado y que se inhabilite por 10 años para ejercer cualquier cargo público.

La audiencia preparatoria inició el pasado lunes, donde los magistrados escucharon los incidentes de las partes, pero la audiencia quedó a medias y se retomará el próximo viernes.