(EN NEWS)- Este jueves, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador suspendió la declaración anticipada del coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno sobre la macare de la UCA, realizada el 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas.

La diligencia de suspendió porque la Fiscalía General de la República no resolvió una prevención sobre la presentación de entrevistas de imputados, en un sobre abierto y con anticipación. Según la información, los fiscales las entregaron en la instalación de la diligencia en un sobre cerrado.

La defensa consideró que las entrevistas debían ser presentadas con tiempo, para ser revisadas y así tener elementos para preguntas de réplicas, durante la declaración del coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno.

Los defensores consideraron que este hecho violaba el principio de defensa y de igualdad.
“La defensa ha estado solicitando a la jueza que prevenga a la Fiscalía, que ponga a disposición de todas las partes las entrevistas, diversas entrevistas, entonces la Fiscalía no las entregó en la forma en que la juez ordenó, por tanto eso incide en el derecho a la defensa técnica de todos los imputados”, afirmó Lisandro Quintanilla, abogado defensor en el caso.

La jueza resolvió programar una nueva fecha para la diligencia, luego que la Fiscalía entregue las entrevistas y

Añadió que las entrevistas deberán ser presentadas por la Fiscalía en sobre abierto, ya que no hay medidas de protección, y en las entrevistas no hay declaraciones que corresponden a personas que gocen de régimen de protección, así mismo, explicó que al tratarse de una declaración anticipada de juicio, la prueba es “útil, pertinente y relevante”.

Las entrevistas que fueron realizadas en septiembre corresponden a lo coronel Benavides y el teniente José Ricardo Espinoza Guerra.

Actualmente el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno cumple una condena de 30 años de prisión por haber participado en la masacre de seis sacerdotes jesuitas. Esta pena fue impuesta en la década de los 90, donde no se procesaron a los autores intelectuales de la masacre.

La masacre ocurrió la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

El caso se reabrió, luego que la Sala de lo Constitucional resolviera un amparo del fiscal general, Rodolfo Delgado, quien impugnó la resolución de la Sala de lo Penal, que cerró el caso en el 2020.

En febrero de este año, la Fiscalía General de la República acusó al expresidente Alfredo Cristiani y a 11 militares más por la masacre de los jesuitas y dos colaboradoras.

En marzo, el Juzgado Tercero de Paz hizo la audiencia inicial del proceso y solo se presentó el general Juan Rafael Bustillo Toledo, quien era el jefe de la Fuerza Aérea en el momento de la masacre.