(EN NEWS)—La Ong ORMUSA, a través del Observatorio Nuestra Mirada, presentó hoy los resultados de una investigación en torno a los impactos físicos, psicológicos, económicos y materiales, de la violencia institucional y la discriminación en la vida de las personas LGBTIQ+.

El 80% de personas encuestadas reportó situaciones de violencia institucional y/o discriminación en diferentes ámbitos, siendo los hombres trans (92.9%) y mujeres trans (100%) mayoritariamente las víctimas.

La investigación se desarrolló entre febrero a marzo de 2022, con el apoyo de Iniciativa Cristiana Romero y el Fondo Global de Derechos Humanos, con el objetivo de evidenciar distintos hechos de violencia institucional y discriminación ejercida contra este segmento de población.

La investigación priorizó los componentes sobre aspectos formales-normativos, referidos a leyes vigentes que discriminan o reconocen derechos a la población LGBTIQ+.

Así también indagó el rol del funcionariado y recursos con que cuentan las instituciones públicas destinados al género y a dicha población; los factores político-culturales para conocer la apropiación de derechos, normalización de la violencia, y confianza hacia las instituciones públicas.

No menos importante fue el estudio del impacto de la violencia institucional y la falta de la debida diligencia en la vida de la población LGBTIQ+.

Entre las principales conclusiones señalan que 124 personas de 12 departamentos del país respondieron la encuesta; 6 de cada 10 proceden del departamento de San Salvador. El grupo etario con mayor presencia fue entre 18 a 27 años. En cuanto a la identidad de género, 45.2% se declararon hombres cis y 25% mujeres cis; hombres trans 9.7%, mujer trans 6.5% y otras identidades 13.7%.

El nivel educativo con mayor frecuencia fue estudios universitarios, o sea 6 de cada 10. El 65.3% se dedica a una sola actividad remunerada. Y quienes cuentan con empleo permanente son los hombres cis (32.4%) y hombres trans (30.8%); las mujeres cis (17.5%) y mujeres trans (12.5%). El promedio de los ingresos es de USD234.26 en 6 de cada 10 personas encuestadas.

De las personas que denunciaron, solamente 8.3% afirmó que su denuncia fue atendida y resuelta favorablemente, mientras que los no denunciantes expresan razones como las siguientes: no sirve para nada, miedo a represalias, desconocimiento de la ruta de denuncia, entre otras.

En cuanto a la violencia ejercida por agentes de seguridad, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada son las más señaladas. De las personas que manifiestan haber sido forzadas a dejar su domicilio, el 70.8% expresa haberse visto imposibilitado de regresar a este. En cuanto a los impactos ocasionados, el 69% señala que han sido a nivel emocional/psicológico, seguido de lo económico en un 23.4%.

El estudio concluye que prevalecen la discriminación social y la violencia contra las personas LGBTIQ+, lo cual está estrechamente vinculado con la existencia de prejuicios y estereotipos relativos a la sexualidad heteronormada, que constituye el modelo socialmente válido de relación sexoafectiva.

**Recomendaciones:

✓Un marco normativo a la luz del principio de igualdad y no discriminación contenida en el Art. 3 de la Constitución de la República, priorizando normativas como la Ley de Identidad, legislación en materia de familia, seguridad social, seguridad ciudadana, salud, seguridad ocupacional y laboral.

✓El fortalecimiento de la institucionalidad para la aplicación de normativas y fiscalización de su cumplimiento, así como el ejercicio de rendición de cuentas.

✓Impulsar procesos de capacitación y sensibilización sobre derechos humanos, genero, diversidad sexual y derechos de las personas LGBTIQ+ destinados a las personas servidoras públicas que brinden servicios a esta población, desde varios sectores, como el sistema de administración de justicia, policía, educación, etcétera.