(EN NEWS)- El Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla, La Libertad, declaró en rebeldía al exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y al exviceministro de Transporte, Nelson García.

Ambos son procesados por actos de corrupción en el caso Sitramss. También se ordenó girar una detención judicial debido a su calidad de reos ausentes y prófugos de la justicia.

Mientras que para el exdirector de Tránsito, Edwin Ernesto Flores Sánchez, y el presidente de la Unión de Empresas Sipago-Sitramss, Miguel Ángel Díaz Castaneda, capturados desde el pasado 13 de diciembre, se decretó que pasarán a instrucción bajo detención provisional mientras avanzan las investigaciones en su contra.

“Gracias a las reformas de ley aprobadas recientemente, Gerson Martínez y Nelson García, exfuncionarios prófugos de la justicia, podrán ser procesados en ausencia para que respondan por sus delitos”, informó la Fiscalía General de la República.

Flores Sánchez es acusado por el delito de actos arbitrarios y Díaz Castaneda por extorsión, mientras que Gerson Martínez es procesado por incumplimiento de deberes y el exviceministro García por extorsión.

La Fiscalía sostiene que Gerson Martínez y Edwin Flores entregaron el uso exclusivo del carril segregado a la empresa Sipago sin el aval de una concesión de la Asamblea Legislativa para el desarrollo del proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).

El viceministro de Transporte, Nelson García, sostiene que la condena de la Corte de Cuentas de la República que le exige a él y al exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, a restituir $2.4 millones por irregularidades en la construcción de la primera etapa del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) es política.

La Cámara Segunda de la Primera Instancia del ente contralor condenó en octubre del 2018 a García y el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, a reintegrar $1,764 y $2,218, respectivamente. Sin embargo, la condena abarca para otros tres funcionarios del SITRAMSS.

“Yo por ejemplo, la sentencia hasta este día no la conozco, la conocí en un medio digital. No sé todavía lo que dice, claro, surge también el primer día de la campaña de elección presidencial. Son cosas curiosas que se están dando y que no entendemos por qué se dan”, sostuvo el funcionario.

Según una auditoría realizada por la Corte, hubo una deficiente ejecución del proyecto, además de un cambio de diseño sin autorización del contratante. Esto generó una responsabilidad administrativa. Por lo tanto, el ente contralor cuestionó el pago de $303,304 del MOP en la gestión de Martínez sin la supervisión del control de las obras.

Esta anomalía se suma a la modificación de una parada del Sitramss por $98,953 y una orden de cambio del contrato sin justificación por $1, 316,95.

García aseguró que apelarán en una instancia superior la condenada de la Corte de Cuentas. “No es que nosotros nos han sancionado y vamos a pagar, sino que nosotros vamos a apelar a una segunda instancia porque tenemos los elementos suficientes para demostrar que lo que se dio el día de ayer no es lo que nosotros consideramos la verdad”, dijo.