(EN NEWS)—La Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES y organizaciones territoriales Mesa por la Sustentabilidad del Agua y el Medio Ambiente de Ahuachapán (MESAMA) y Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO) expusieron hoy un balance 2022 sobre los
hechos de la gestión pública en materia ambiental.

Aseguran que la crisis ambiental en El Salvador ha aumentado en el último año y muestra de esto son las
afectaciones en el acceso al agua en calidad y cantidad para una vida digna, disminución de
la seguridad y soberanía alimentaria, aumento de la vulnerabilidad y los riesgos a desastres por los efectos del Cambio Climático.

Señalan que la situación descrita es producto de una gestión gubernamental permisiva con las prácticas extractivistas, la depredación ambiental y los proyectos económicos con mayores impactos en los ecosistemas.

En conferencia de prensa esta mañana informaron que a nivel de gestión de políticas públicas se dan vicios que, en el balance, expresan la falta de voluntad de elaborar, impulsar y aprobar nuevas normativas, como también políticas públicas que respondan a las necesidades de la población afectada por las secuelas del cambio climático.

Consideraron importante que se aprueben reformas a la Ley de Control de Pesticidas, para Prohibir los Agrotóxicos, también urgen una Ley sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria, entre otras.

Por otro lado, denunciamos la falta de capacidad y también de voluntad de aplicar
adecuadamente las leyes y políticas ambientales vigentes.

Según las onges, durante
el 2022 se ha hecho más evidente la falta de seguimiento gubernamental, a nivel local y
nacional, a las acciones encaminadas a la adecuada gestión de los bienes ambientales, su
protección y conservación.

“Por el contrario, se ha impulsado políticas, planes, proyectos y acciones que generan daño al ecosistema y a la salud de la población más vulnerable y en mayores condiciones de pobre”, concluyeron las fuentes.