(EN NEWS) – El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, aseveró hoy en la entrevista de canal 21, Diálogo con Ernesto López, que la reforma de pensiones aprobada el 20 de diciembre de 2022 está sustentada en 179 estudios actuariales con información de los pensionados y de los que posiblemente se van a pensionar en El Salvador.
Rodríguez aseguró que estos estudios no son “de acceso público porque contienen datos muy sensibles” que “no se pueden compartir porque pueden ser mal utilizados” y sería “ilegal” compartirlos. “Son datos específicos”, afirmó.
El funcionario no detalló por qué son 179 estudios, tampoco si fueron realizados por el mismo actuario o por cuáles actuarios.
El funcionario felicitó a la Gerencia de Regulación Financiera por haber emitido 36 normas técnicas para aplicar el aumento del 30 % de las pensiones a partir de enero de 2023.
La ley les daba un plazo de 90 días pero destacó que el BCR las aprobó el 30 de diciembre a las 9:00 de la mañana. “Para poder operativizar el pago de las pensiones y que empezaran en enero de 2023 a pagarse el aumento del 30 %”, dijo.
La nueva ley indica que las normas técnicas, instructivos y reglamentos en virtud de la erogada Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones estarán vigentes si no contradicen la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones.
El funcionario respondió que “la reforma integral de pensiones” “está sustentada en 179 estudios actuariales, modelos actuariales” “que tienen toda la información de los pensionados en El Salvador y de los que posiblemente se van a pensionar”. “No son parches”, dijo.
No es de acceso público porque contiene datos muy sensibles, no se pueden compartir porque pueden ser mal utilizados y es ilegal compartirlos porque son datos específicos. Realizar un estudio es tardado porque lo realiza un profesional y en El Salvador son muy pocos profesionales actuarios que existen. Fue una tarea muy muy muy larga pero también muy efectiva. –Douglas Rodríguez, presidente del BCR.
Una nueva reforma de pensiones fue aprobada el 20 de diciembre de 2022 que ordenó un aumento generalizado de pensiones del 30 %, amplió la posibilidad de usar fondos de pensiones ilimitadamente para el pago de pensiones u otros beneficios del sistema público y deudas vinculadas a dichos pagos, subió 1 % la cotización a cargo del empleador y ajustó la comisión de administración.