(EN NEWS) – El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador envió a juicio al expresidente Mauricio Funes Cartagena, inculpado de recibir una avioneta a cambio de entregar la licitación del puente San Isidro en 2013 al empresario guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía.

Además, el juzgado informó que se ratifica la orden de captura que ya pesa sobre Funes.

A la entrega de la resolución de la audiencia preliminar, solo llegó la representación de la Fiscalía General de República, estuvo ausente la defensa pública del exmandatario.

La prueba que se ventilará en la vista pública no fue informada a la prensa, ya que el juzgado, la fiscalía y prensa institucional de la Corte Suprema de Justicia se negó a dar información.

Este caso inició en diciembre 2020, cuando la Fiscalía General de la República acusó a Funes y giró la séptima orden de captura contra él,  el empresario José Miguel Menéndez “Mecafé” y Jaime Ramón Aparicio Mejía, acusado de Cohecho Activo o Soborno.

Según las investigaciones, Funes entregó la adjudicación del proyecto de diseño y construcción del puente San Isidro, en 2013 a la empresa guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción S.A. (SERDELCO S.A.) por $8,487,716.94. Dicho puente conectaría el municipio de San Pablo Tacachico, La Libertad, con Nueva Concepción, Chalatenango.

A cambio recibió una avioneta modelo King Air para su uso personal y del empresario “Mecafé”, donde viajaron con sus familias a Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Guatemala.

Funes es procesado en ausencia, luego que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma al Código Procesal Penal que permite continuar los procesos penales para reos ausentes.

El exmandatario reside en Nicaragua desde 2016, donde encontró refugio en el régimen de Daniel Ortega, donde fue nacionalizado junto a su núcleo familiar.

Sobre Mauricio Funes pesan al menos siete órdenes de capturas por igual número de procesos penales, el más grande, el desvío de $351 millones de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial a cuentas personales, para gastos superfluos.