(EN NEWS) – El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó esta mañana en Frente a Frente de TCS, que durante la emergencia por la Covid-19 el gobierno gestionó créditos para paliar la crisis sanitaria y económica, de los cuales un 30 % eran para todas las alcaldías del país.
Señalo que, en total se entregaron $191 millones a las 262 alcaldías del país que no serían reembolsables. “De los casi $200 millones, las alcaldías no iban a pagar ni a devolver ningún centavo, lo iba a pagar por completo el gobierno”, explicó.
Zelaya agregó que, los créditos se concretaron con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro que fue parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los decretos establecían que únicamente serían utilizados en beneficios de los salvadoreños; sin embargo, los ediles del período 2018-2021 los utilizaron para pago de fiestas patronales, en el Fondo de Desarrollo Social (FODES) y pago de proveedores.
“Se hacían préstamos internos, pasaban fondos de la cuenta Covid al FODES o la cuenta de planilla y ahí pagaban a los proveedores y ciertas cosas que no estaban habilitadas. En la primera entrega que hicimos encontramos que se pagaron fiestas patronales con los fondos de Covid-19. Evidentemente el gasto para la crisis no existió”, informó el ministro.
También afirmó que: “Son alrededor de $100 millones los que están malgastados. La mitad de los fondos están malgastados. Hay $4 millones no documentados, solo está el cheque sin justificación”, aseveró.
Asimismo, dijo que hasta la fecha se han auditado una primera parte de las alcaldías y que los hallazgos encontrados fueron realizados en una revisión que duró un año, que fue lo que otorgó dicho decreto.
“Vimos alcaldes que no les estaban ayudando en nada, no estaban dando pruebas de esos gastos, no le estaban dando alimentos, ni ayudaron a reactivar la economía de sus municipios. Al revisar, de los 186 expedientes que vamos a presentar este día, alrededor de $83.5 millones son los hallazgos”, afirmó.
El titular de Hacienda indicó que los resultados de las investigaciones serán presentadas a la Fiscalía General de la República y a la Corte de Cuenta de la República “para que decidan sobre las responsabilidades administrativas y patrimoniales de los funcionarios que no documentaron los gastos en los que se realizaron en la emergencia”.