(EN NEWS) –Benito Lara enfrenta este jueves, en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, un juicio por enriquecimiento ilícito, en donde también están involucradas su esposa y su hija.

Al exdiputado del FMLN y exministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Mauricio Funes, se le acusa por enriquecimiento ilícito, cargo que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República le atribuye.

La demanda civil también es promovida contra su esposa, Ana Emilia Zelaya de Lara y su hija Ileana Briseida Lara Campos, quienes son señalados de enriquecerse ilícitamente con un monto de $201,874.31.

“Va a desfilar toda la prueba que se propuso en la audiencia preparatoria, siempre se mantienen las pretensiones que ya quedaron fijadas”, dijo una de las fiscales del caso.

La acusación señala que Benito Lara en su calidad de diputado propietario de la Asamblea Legislativa, en el período del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, no justificó ingresos por $33,989.73, ese monto fue descubierto mediante 14 irregularidades en concepto de depósitos bancarios.

En las investigaciones se estudió el segundo período como diputado entre el 1 de mayo de 2012 al 30 de mayo de 2014, ante la Sección de Probidad no desvaneció dos irregularidades por la cantidad de $16,900 en concepto de adquisición de vehículos y tuvo un resultado negativo entre los ingresos y los gastos de $53,751.11.

Cuando fue ministro de Justicia y Seguridad del 1 de junio de 2014 al 20 de enero de 2016, le detectaron una irregularidad consistente en resultado negativo entre los ingresos y gastos por una cantidad de $26,930.83; por lo que según la Fiscalía se enriqueció ilícitamente con un monto de $131,571.67.

En el caso de su esposa, Ana Emilia Zelaya de Lara, la Fiscalía la acusa de no justificar dos irregularidades entre el 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, en concepto de depósitos bancarios efectuados en efectivo en cuenta de ahorro y adquisición de vehículo, por la cantidad de $2,000.

Mientras a su hija, Ileana Briseida Lara Campos, la Fiscalía señala que no justificó dos irregularidades respecto a adquisición de dos vehículos por la cantidad de $68,302.64, en el período entre el 1 de mayo de 2012 al 30 de mayo de 2014, en el que su padre se desempeñó como diputado y se desconoce la procedencia de esos fondos.