(EN NEWS) – Las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión de Nayib Bukele, que ha devuelto la seguridad a las calles, aunque algo que han criticado los defensores de los derechos humanos y algunos analistas es que parece un gobernar sin contrapeso de otros poderes del Estado.
“Se puede calificar como un logro notable el tema de la reducción de la operatividad de las pandillas (…), por la reducción del número de delitos cometidos”, declaró Carlos Carcach, investigador del área de políticas públicas en la Escuela Superior de Economía y Negocios.
“El principal logró es el tema de la seguridad, la desarticulación de las pandillas”, coincide Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva.
“Realmente ha generado un nuevo clima donde se comienza a ver una revitalización del tejido productivo de microempresas”, afirmó Acevedo.
Las pandillas mantenían el control del 80% del territorio del país, según el gobierno, y se financiaban con masivas extorsiones, sicariato y tráfico de drogas.
Para combatirlas rige desde hace 14 meses un régimen de excepción que permite a la policía y el ejército hacer arrestos sin orden judicial.
La medida fue aprobada por la Asamblea Legislativa a pedido del Bukele, en respuesta a una escalada de violencia pandillera que se cobró la vida de 87 personas.
Las autoridades han ido liberando barrios y colonias, recuperando miles de casas usurpadas por pandilleros en todo el país.
Los homicidios cayeron en 2022 a una cuarta parte de la cifra de 2019, según datos oficiales. Ahora que cumple los cuatro a{os los homicidios han bajado hasya un 2.0%.
Hasta ahora han sido detenidos casi 69,000 pandilleros, de los cuales unos 5,000 han sido liberados, según el gobierno, al comprobarse que no eran pandilleros.
Para encarcelar a los pandilleros, Bukele construyó una megacárcel para 40,000 presos, la prisión “más grande de América”, con un severo régimen de reclusión.
Bukele enfrenta una oposición casi inexistente desde el “remezón” de 2019, cuando venció a los candidatos de los partidos tradicionales de derecha e izquierda.
Con apoyo de los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC, en 2021 destituyó a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la más alta instancia judicial del país, argumentado que algunos eran comprados por los grupos irregulares y otros ya habían cumplido su tiempo y era necesario hacer espació a otros abogados.
También destituyó al fiscal general, un hombre ligado al partido ARENA, y a un tercio de los 690 jueces (a los mayores de 60 años o con 30 años de servicio). Estados Unidos, la ONU y la OEA llamaron entonces a El Salvador a respetar la separación de poderes.
Además, Bukele consiguió que la Corte Suprema lo habilitara para buscar la reelección en 2024, aunque la Constitución lo prohíbe, generando un debate sobre si la medida es legal.