(EN NEWS) – El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó en Diálogo 21 que en horas de ésta madrugada se realizó un operativo contra una estructura que se dedicaba a trasladar personas de manera ilegal a Estados Unidos.
Delgado dijo que se estaba investigando a 15 personas, también se ha logrado identificar algunos de los bienes que habían adquirido, como producto de diversas actividades ilícitas. “Todos esos bienes han sido incautados”.
Sobre el caso del expresidente Alfredo Cristiani, dijo que es una investigación que busca extinguir aquellos bienes raíces que fueron adquiridos con la denominada partida secreta o partida de gastos reservados de Casa Presidencial.
“Son 68 millones de dólares lo incautado hasta el momento en diferentes productos financieros y esto será útil para mantener la operatividad de las empresas”, señaló.
Apuntó que todo lo incautado pasa al Consejo Nacional de Administración de Bienes, que deberá responder por los empleos de las personas que actualmente laboran en empresas del exmandatario por el partido ARENA.
Señaló que las empresas de Cristiani que fueron intervenidas posteriormente vuelven a sus actividades normales. Hay una droguería que provee incluso algunos medicamentos al sistema de salud y al Seguro Social.
Delgado indicó que: “El año pasado se recibieron 147 denuncias por casos de corrupción. Este año ya vamos por 270 casos recibidos, entre ellos algunas personas que están actualmente en la administración de las alcaldías”.
Dijo que durante la investigación se ha comprobado la existencia de comunicaciones entre el expresidente Cristiani con Ignacio Ellacuría de la UCA. En las conversaciones, Ellacuría le dice a Cristiani que venga al país y que no le va a pasar nada.
Señaló que en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, existe una orden de captura contra Alfredo Cristiani, y dijo que hasta el momento, no se tiene la ubicación exacta del expresidente, pero ya han interpuesto una denuncia ante Interpol.
“Nuestro ordenamiento legal permite el juzgamiento en ausencia. A mí me es indiferente capturar a una persona previo a un juicio o que se capture ya condenado, el resultado al final es el mismo”, indicó.
Recordó que las administraciones anteriores en temas de seguridad demostraron su ineficiencia para controlar a las estructuras criminales, por eso la fiscalía tenía que enfrentarlo de la manera más dura posible.
Indicó que el régimen de excepción les ha ayudado en la administración de toda la cantidad de personas que han sido detenidas por la PNC para ordenar los procesos que han presentado ante el órgano judicial.
Contario a lo que señala Cristosal y los partidos de oposición, el fiscal aseguró que a todos los detenidos en el régimen se les garantiza su derecho a un defensor y su derecho a ser informados de los motivos de su detención. “Los datos sobre la muerte de reos en los penales son incorrectos”, señaló.
Añadió que desde el primer caso de una persona que falleció en un centro penal, de manera imparcial, tratan de identificar la causa de la muerte y hasta este momento han registrado 142 casos de personas que fallecieron en un penal.
Dijo que han comprobado científicamente las causas de la muerte y algunas de ellas se trataban de enfermedades preexistentes. Indicó que hasta este momento, han encontrado que no hay un delito que perseguir por parte de la fiscalía y los casos se encuentran archivados.