(EN NEWS) – Los abogados defensores del expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, su exministro de Seguridad Manuel Melgar, y el exministro de Hacienda Carlos Cáceres solicitaron al Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador la nulidad absoluta del proceso penal en su contra, por haber recibido sobresueldos durante la administración de Mauricio Funes.
Un primer escrito fue presentado el pasado 23 de junio por los abogados defensores de Sánchez Cerén y de Manuel Melgar, y un segundo escrito por la defensa de Carlos Cáceres.
“Interponen la nulidad absoluta del auto pronunciado por esta sede judicial el día 16 de mayo del 2023, en el cual se resuelve la solicitud de acumulación efectuada por la defensa técnica en cuestión”, indicó el juzgado sobre la solicitud de ambos procesados.
En cuanto a la solicitud de Cáceres, los abogados argumentaron que la piden en razón de “manifestar afectación a derechos fundamentales en el mismo”.
Debido a las solicitudes del Cerén y los dos exministros, el juzgado suspendió la audiencia preliminar que estaba programada para el pasado lunes 26 de junio, previno a la Fiscalía General de la República y dio un plazo de tres días para pronunciarse.
Junto con el expresidente Salvador Sánchez Cerén, también son procesados otros nueve exfuncionarios, todos acusados de enriquecimiento ilícito, y lavado de dinero y activos, entre ellos están: el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores, acusado de haber recibido en concepto de sobresueldos unos $174,000, la exviceministra de Salud, Violeta Menjívar, quien se habría enriquecido ilícitamente con $177,000.
También acusan a la exviceministra de Educación, Erlinda Hándal, de haber recibido $162,000, al exministro de Hacienda, Carlos Cáceres de haber recibido $210,000 adicionales a su salario y al exministro de Trabajo, Calixto Mejía, de haber recibido $208,000.
Mientras de forma ausente son acusados el exministro de Seguridad, Manuel Melgar; la exviceministra de Medio Ambiente, Lina Pohl; el expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), José Guillermo López Suárez; y el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez.
El dinero en sobresueldos, según la Fiscalía, era pagado de la partida secreta de Casa Presidencial, transferidos del ministerio de Hacienda a la Presidencia de Funes, sin el aval de la Asamblea Legislativa, entre 2009 y 2014.
