(EN NEWS) – En la primera parte de la entrevista Diálogo 21 participó el fiscal general de la República Rodolfo Delgado, quien brindó detalles sobre las acciones ejecutadas por una organización criminal de colombianos que “lavaban dinero sucio” producto del narcotráfico en El Salvador.

Rodolfo Delgado  dijo que la Dirección General de Migración detectó el ingreso de colombianos, lo cual es algo normal en el flujo de un país; pero empezaron a observar una serie de patrones que despertaron ciertas alertas.

Indicó que se trataba de ciudadanos colombianos que decidían no cumplir con la normativa migratoria salvadoreña y permanecían en el país luego de transcurrido el tiempo que se les daba como turistas.

Señaló que una vez radicadas esas personas colombianas, cuando llegaban al aeropuerto Monseñor Romero, les eran retenidos sus pasaportes por miembros de la organización criminal que los recibían.

Aseguró que esta organización criminal limita la libertad de circulación de estas personas (colombianos), quienes son trasladadas de otros países y los ponen a trabajar en ese tipo de actividades criminales.

“Luego de las investigaciones y los reportes que recibimos por medio de nuestra Unidad de Investigación Financiera (UIF) vimos que habían flujos de dinero que salían de nuestro país hacia el extranjero”, apuntó Delgado.

Indicó que en las transacciones (al extranjero) estaban involucrados salvadoreños que no tenían ningún motivo para salir del país. Se había corroborado que estas personas estaban en el país; pero sus tarjetas de débito se encontraban en otros estados.

El fiscal apuntó que luego se observó que en las distintas comunidades que antes eran ocupadas por organizaciones criminales, por pandillas, había un movimiento de esos ciudadanos colombianos que comenzaron a colocar dinero en efectivo.

“Este dinero era colocado por medio de créditos que se hacían de forma verbal. Se estableció un sistema de cobro en el que exigían intereses de hasta el 20 % diario y al final del día hacían un ruteo para cobrar las cuotas”, indicó.

Dijo que al inicio esto se ligaba con la usura, que es una sanción de tipo administrativo. El problema era cuando el deudor no lograba pagar la cuota diaria. Estas personas colombianas realizaban exigencias del tipo de extorsión.

“Cuando la persona ya no podía pagar le exigían abrir una cuenta a su nombre y todo ese esquema se degeneraba porque empezaban a darse una serie de estafas (a otros) y el dinero era ingresado a estas cuentas bancarias”, señaló.

Dijo que las instituciones empezamos a trabajar de manera articulada en ese tema. Y observaron que previo a estos eventos habían ingresado colombianos al país y se habían encargado de preparar toda la logística de esta acción ilegal, vinculada con el lavado de dinero.

“Se trataba de préstamos express, dirigidos a personas de escasos recursos que no tenían la capacidad de ingresar al sistema financiero. Las motos eran entre los $500 y los $1000”, señaló el funcionario.

Finalmente indicó que cuando se entregaba un documento de identidad se abría la puerta a un delincuente para poder realizar actos criminales, utilizando la identidad de una persona que ni siquiera está vinculada con esta organización criminal colombiana.