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Medardo González su esposa e hijos enfrentan audiencia por enriquecimiento ilícito

(EN NEWS) – Medardo González, exsecretario general del FMLN, y su núcleo familiar, enfrenta, juicio este lunes por enriquecimiento ilícito, que la Fiscalía General de la República le atribuye por un monto de $153,346.55.

El juicio civil también incluye a la esposa y dos hijos del dirigente del FMLN quienes en marzo de 2023 fueron demandados ante la Cámara Tercero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador por fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción.

 

El expediente de 20 piezas recopila abundante documentación sobre un conjunto de bienes que forman parte del patrimonio de los demandados.

La Fiscalía General público un escrito con 12 irregularidades que Medardo y su grupo familiar no han podido justificar, entre esas se mencionan transferencia de fondos internacionales, depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y adquisición de bienes, como vehículos e inmuebles.

 

“Es por el período que fungió como diputado propietario de la Asamblea Legislativa por el partido FMLN. Son dos períodos, los comprendidos de mayo 2009 a abril de 2012 y de mayo de 2012 a abril de 2015”,explicó una fiscal.

En el desglose que hace la representación fiscal se detalla que a Medardo González en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le hallaron dos irregularidades ya que no pudo justificar el pago de tarjetas de crédito por la cantidad de $3,892.57.

 

Mientras que a su esposa, Sonia Ernestina Paredes de González, le detectaron siete irregularidades consistentes en depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito por $70,505.98.

A sus hijos, Medardo Romeo González Portal lo enjuician civilmente por no justificar la adquisición de un inmueble valorado en $70,000, mientras que a Luis Antonio González Portal le cuestionan dos irregularidades en concepto de depósitos en efectivo por pagos realizados de un préstamo bancario por la cantidad de $8,948.

 

El juicio civil fue iniciado por la Fiscalía General de la República tras una resolución que emitieron los magistrados de la CSJ luego de un informe que elaboró la Sección de Probidad.