(EN NEWS) – El exministro de la Defensa, David Victoriano Munguía Payés y su esposa, fueron condenados este jueves por el delito de enriquecimiento ilícito, por $462,737.81, señaló la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador.

Los magistrados de la Cámara resolvieron que Munguía Payés cometió el ilícito cuando fungió como ministro de la Defensa Nacional, en el periodo de presidencial de Mauricio Funes, donde se enriqueció por un monto de $459,123.74, siendo $32,174 menos de lo que la Fiscalía lo demandaba.

Son 11 irregularidades que no justificaron los acusados  ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, y consistentes en múltiples depósitos a plazo en distintos bancos, entre ellos 39 depósitos en una cuenta de ahorro por un arrendamiento de una vivienda que no era de él. Asimismo, la cantidad de $20,000 de un monto de $100,000 que costó un inmueble en Tamanique, La Libertad y el pago de una tarjeta de crédito por $55,595.

En cuanto a su esposa, Sandra Dinora Molina de Munguía fue condenada por la cantidad de $3,114.04. Por otro lado, la Cámara exoneró del delito de enriquecimiento ilícito a las hijas de Munguía Payés, a quienes la Fiscalía les reprochaba montos por depósitos bancarios; a Sandra Patricia Munguía Molina, la Fiscalía le cuestionó $2,362.50 y a su otra hija, Blanca Patricia Munguía Molina, el monto de $1,100.

En el juicio civil que duró dos días, también el exministro reconoció que cuando fungió como titular de la Defensa Nacional y ministro de Seguridad Pública el gobierno le pagó “un promedio de $1,000 mensuales” en concepto de “complementos salariales” o sobresueldos y eran parte de sus ingresos, además, del salario de aproximadamente $3,500 que recibía en su puesto.

Munguía dijo que recibía complementos salariales por prestación de servicios al Estado salvadoreño pagados por el gobierno, y quien lo hacía efectivo era el entonces secretario privado de la presidencia, Francisco Cáceres, en el gobierno de Mauricio Funes.

Munguía Payés guarda prisión luego de haber sido condenado a 18 años de cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios en el caso de la tregua con pandillas.