Periodista: Alessia Genoves
para EN News

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa discute la aprobación de la “Ley de Integración de Funciones del CONMIGRANTE al Ministerio de Relaciones Exteriores”. El proyecto de ley busca, principalmente, la integración de COMIGRANTES al Ministerio de Relaciones Exteriores; así como la creación del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, que asumirá las funciones del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES).

 

Para la diputada del partido Nuevas Ideas, Ana Figueroa, la integración COMIGRANTES busca que “los procesos -administrativos- se realicen de manera más ordenada y respondiendo a la legislación actual”. La propuesta de ley recibió el Dictamen Favorable de la Comisión, tras ser discutida por un grupo de expertos. Sin embargo, la propuesta plantea algunos aspectos favorables y controversias:

Aspectos favorables:

1. El artículo 4 del decreto legislativo establece que el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores asume las funciones que ejercía CONMIGRANTES. Esto puede significar darle una mayor relevancia a la temática migratoria al ser absorbida por una dependencia ministerial de alto nivel.
2. La absorción de las competencias de CONMIGRANTES por el Viceministerio podría traer beneficios en términos de coordinación interinstitucional, al integrarse en la estructura orgánica de un ministerio con amplias competencias en política exterior.
3. El artículo 7 establece que los ingresos que recibía CONMIGRANTES por el cobro de la tasa de salida del país se trasladarán al Fondo General del Estado. Esto podría significar una mayor transparencia en el uso de esos recursos al incorporarse al presupuesto nacional.

 

Controversias
1. La disolución de CONMIGRANTES elimina su autonomía institucional como entidad descentralizada del Estado dotada de personalidad jurídica propia, tal como estaba establecido en el Decreto 655 de 2011 (art. 6 y 8). Esto contraviene el objetivo de contar con una institucionalidad especializada.
2. La absorción de competencias por el Viceministerio podría implicar una limitación presupuestaria, ya que CONMIGRANTES contaba con patrimonio y presupuesto propios según Decreto 655 (arts. 8 y 39).
3. El decreto legislativo no menciona qué sucederá con el Plan Estratégico para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia que el Decreto 655 encomendaba a CONMIGRANTES (art. 26).

Tampoco menciona la continuidad de programas como el Proyecto de Consulta y Asistencia Humanitaria Educación y Servicios de Salud para la Persona Migrante y su Familia (art. 28), el Fondo Especial de Re-patriación de Fallecidos y Heridos (art. 29), entre otros.

Política y migración

El gasto público y la promoción de leyes contribuye prevenir la migración irregular. Por una parte, la Ley del Presupuesto General de la Nación de 2023, en el Ramo de Migración y Extranjería, ya establece un presupuesto de $15,845,785 para la ejecución de la Atención de la Diáspora y Movilidad Humana. De ese gasto, se establece un presupuesto de $522,570 en programas de Movilidad Humana y Asistencia e Inclusión a la Persona Migrante y otros $201,450 para la Gestión de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas.

En opinión de la Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, la situación migratoria irregular de los connacionales también ha reducido tras la aplicación de políticas de Estado para la contención de maras y pandillas, y la reducción de homicidios. Al mes de julio, la Frontera de Aduanas y de Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reportaba ya a 32,138 connacionales, en condición migratoria irregular, en los Estados Unidos, de acuerdo con el registro de Nationalwide.

 

La cifra refleja una reducción del 62.64% respecto de los 54,257 identificados en el año 2022; y ésta última, una reducción del 36% respecto de los 64,744 del 2021. El total de migrantes irregulares, con origen salvadoreño, apenas representa el 3.35% del total de 958,887 identificados en todo Estados Unidos. Una situación paralela se observa en la reducción de homicidios intencionados, que al cierre del año 2022 llegó a los 475, cifra que refleja una reducción del 79.2% respecto de los 2,390 homicidios intencionados reportados hasta el año 2019.

Alessia Genoves