CCR sanciona a ex-funcionarios Alcaldía de Sonzacate por corrupción en $1,763.44
Por Alessia Genoves
La Corte de Cuentas de la República (CCR) estableció sanciones contra 10 exfuncionarios de la Alcaldía de Sonzacate, Sonsonate, por un monto total de $1,763.44 en concepto de multas, según consta en el expediente “JC-VII-046-2021”.
De acuerdo con el documento de la CCR, la comuna había recibido un préstamo por $211,500.00 del Banco Hipotecario para ejecutar obras de infraestructura como “Mejoramiento de Vías de Acceso a Lotificación San Mauricio” por $70,000.00, “Mejoramiento de Calle Principal y Pasajes en Colonia Monte Carmelo” por $80,000.00 y “Mejoramiento de vías de Acceso en Lotificación Toledo” por $40,000.00.
Sin embargo, se transfirieron $19,100.43 de esos fondos a la cuenta del Fondo Municipal, utilizándolos para financiar gastos corrientes no relacionados con dichas obras, lo que la CCR calificó como un “uso indebido” de los recursos.
Las obras previstas en el préstamo “no habían sido ejecutadas, incumpliendo el contrato de préstamo con el Banco Hipotecario”, señala el expediente de la CCR.
Sanciones contra la Alcaldía de Sonzacate
La CCR impuso una multa de $374.40 al alcalde Héctor Antonio Orellana Valladares, “equivalente al 10% de su salario mensual”. Inicialmente se le atribuyó responsabilidad patrimonial por el uso irregular de los $19,100.43, pero luego se demostró que se invirtieron en gastos de funcionamiento, por lo que “se revocó este reparo”.
El Síndico Municipal, Manuel Francisco Torres Romualdo, fue sancionado con una multa de $172.40, también el “10% de su salario”. Los ocho regidores -Saúl Aníbal Hernández, Berta Alicia Espinoza, Oscar Antonio Hernández, Mirna del Tránsito Cuenca, Silvia Carolina García Vega, Carlos Alfredo Arbizú Mojica, Juan Carlos Nolasco Flores y Clímaco Alexander Armas Hernández- recibieron cada uno una multa de $152.08, “equivalente al 50% del salario mínimo mensual”.
La responsabilidad de los funcionarios radicó en que “aprobaron las transferencias de fondos hacia gastos no autorizados, así como los presupuestos donde se incluyeron obras que luego no se ejecutaron, incumpliendo sus responsabilidades como miembros del Concejo Municipal”, sentencia la CCR.
