Por Alessia Genoves

(En News) – La Asamblea Legislativa aprobó en sesión plenaria el Dictamen Favorable No. 29 de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, que reforma la Ley Especial para la Legalización de las Calles para incorporar a la comunidad “Caserío Obra de Dios” de San Miguel.

La reforma permitirá legalizar la tenencia de las 75 familias que por más de 70 años han habitado pacíficamente ese sector que originalmente era un tramo de la antigua calle nacional. El proyecto fue impulsado por el diputado Caleb Navarro.

Modificación de Ley

El dictamen modifica el artículo 2 de la Ley Especial para la Legalización de las Calles, agregando el número 67, correspondiente al proyecto “Caserío Obra de Dios” del municipio de San Miguel en el departamento de San Miguel.

El proceso de legalización iniciará con el censo de las familias realizado por el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Posteriormente, el tramo de calle pasará por ministerio de Ley a formar parte de los activos del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) para finalmente ser transferido a título gratuito a los actuales ocupantes.

Se espera que el decreto se publique en los próximos días en el Diario Oficial para que pueda entrar en vigencia. Una vez en vigor, las familias deberán manifestar ante FONAVIPO su voluntad de adquirir el terreno y presentar la documentación requerida.

Necesidades comunitarias

El Ministerio de Obras Públicas indicó ese tramo de calle ya no tiene uso vial, por lo que emitió un dictamen favorable para la desafectación y cambio de uso de suelo. De acuerdo al informe técnico, la comunidad se ubica entre las coordenadas 13°19’54.26″ N – 88°10’2.32″ O y 13°19’49.14″ N – 88°9’37.33″ O.

Las primeras familias llegaron a habitar ese sector desde 1944. Entre los pobladores históricos destaca Doña Domitila Santos viuda de Flores, así como Don Juan José Lemus Jarquín, quien reside en el lugar desde 1950. Se estima que fue a partir de 1990 cuando se produjo el asentamiento masivo.

La reforma legal legal, además, brindaría seguridad jurídica sobre los terrenos que por generaciones han ocupado. Según se presume en el documento, los propietarios carecían de alternativas habitacionales.