Por Alessia Genoves

(En News) – La Fiscalía General de la República (FGR) ejecuta la administración de la venta de una de las empresas del ex-presidente salvadoreño, Mauricio Funes, denominada “Latin América Spas S.A de C.V”. La orden administrativa ha sido establecida por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de San Salvador, con el propósito de restituir al Estado los fondos controvertidos durante su presidencia.

El dominio y la administración del inmueble formarían parte del patrimonio del ex-presidente. Justamente, es su patrimonio y activos los que han sido controvertidos por la justicia salvadoreña. Por una parte, es acusado como uno de los principales actores del proceso judicial denominado “El Chaparral”, bajo los cargos de peculado y malversación de fondos, caso en el que se estiman irregularidades por $219,900,509.90, en perjuicio del Estado.

Pero la FGR no rindió detalles sobre el proceso de venta, el valúo de los inmuebles ni de la forma de liquidación de los activos. La información disponible del mismo se encuentra en el Registro de Escritura del Centro Nacional de Registro (CNR), siendo inscrita en 2013 con un monto de $2,000 por el ciudadano Roberto Hernández Valencia. El registro detalla que su objetivo es la creación, operación y administración de toda clase de franquicias relacionados con los servicios de salud, belleza y cuidado personal”.

#ExtinciónDeDominio I El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de San Salvador autorizó la venta anticipada de una vivienda propiedad de Mauricio Funes.

El inmueble, ubicado en una residencial en Antiguo Cuscatlán, cuenta con un área de 2,618 metros cuadrados y está… pic.twitter.com/tU27Lt5mPK

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 4, 2023

Más controversias contra Funes

Mauricio Funes, por su parte, ha alegado que las acusaciones judiciales en su contra tienen motivaciones políticas, según lo ha expresado a la prensa desde el año 2016. Sin embargo, al cierre de su período de gobierno, del 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014, el ex-mandatario fue sancionado por Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por indicios de corrupción por un monto de $530,372.96, según el expediente 3-DPI-2012.

Mientras que la Cámara Segundo de lo Civil de la Primera Sección Centro declaró que el ex-presidente Funes incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito, por un monto de $419,145.09 junto con su hijo, Diego Funes. De éste total, la institución ordenó que el ex-presidente restituyera un monto de $206,660.55, de acuerdo con el expediente 1-APC-2018.

Por otra parte, la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro decretó la detención provisional de Funes por los delitos de lavado de dinero y activos, y peculado, en calidad de cómplice necesario, según se registra en el expediente INC-144-DP-2021. Dicbas acusación estaría relacionada con el denominado Caso Saqueo Público. Ante las acusaciones, el ex-presidente ha alegado inocencia, y ha atribuido responsabilidades en contra de su ex-secretario de la Presidencia, Francisco Cáceres.