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FGR materializa 3 propiedades de ex-funcionarios del ex-presidente Cerén

Por Alessia Genoves

(EN News) – El ex-presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) es sometido a un proceso de materialización de tres inmuebles, tras ser acusado por los cargos de lavado de dinero y peculado. La Fiscalía General de la República (FGR) detalla que el monto total también implica al patrimonio de su ex-secretario privado, Manuel Melgar y el del ciudadano Saúl Osorio. Sin embargo, el ex-presidente ha negado las acusaciones que implican el uso irregular del patrimonio público, sosteniendo que las acusaciones son “difamatorias”.

Sánchez Cerén se ha manifestado ante la opinión pública: “No poseo bienes muebles, inmuebles ni vehículos de propiedad”; también añaden que “lo único que la Fiscalía me ha congelado es la cuenta bancaria donde el INPEP (ahora Instituto Salvadoreño de Pensiones, ISP) me depositaba la pensión por lo que estoy imposibilitado a acceder a la misma, privándome de los medios de mi manutención”.

Sin embargo, desde el pasado 1 de diciembre, la FGR confirmó la incautación de “un inmueble, tres vehículos y la in-movilización de dos cuentas bancarias”, por un valor de $1,275,107.41. Por si fuera poco, los bienes incautados estaban al nombre de su yerno, William Vaquerano, aún “pendientes de pago”, por lo que el ex-presidente niega su relación. Mientras que la FGR asocia al presunto pago de sobresueldos a 18 de sus ex-funcionarios, en el denominado caso “Gastos Reservados 2014–2019” por un monto de $181,860,715.02 dólares.

Los bienes que la FGR ha procedido a materializar serán administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab). Entre los inmuebles, la institución estima el valúo de una de las propiedades de Manuel Melgar en $101,809.00; y la otra, de Saul Osorio, por un valor de $27,428.57. Tanto Cerén como éstos últimos son sometidos a juicio en el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, que aún no ha determinado su culpabilidad. Mientras que el ex-presidente exige a la FGR “que presenten las pruebas a la población y cesen los actos de difamación”.