Por Alessia Genoves
(EN News) – La Asamblea Legislativa aprobó, con 63 votos, la reforma a la Ley Orgánica Judicial que da lugar a la integración de Cámaras Contra el Crimen Organizado, en medio de controversias al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, vigente por 19 meses; debido a resultados que cuestionan sub-registros más allá de la cifra oficial de los casi 470 días sin homicidios; y de las más d e7,000 personas liberadas de entre un total de 73,000 personas detenidas.
#Plenaria128✍🏻 Con 63 votos a favor, reformamos la Ley Orgánica Judicial para regular la integración de las Cámaras contra el Crimen Organizado. pic.twitter.com/fBDSkK3bjs
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) October 17, 2023
En su contenido, establece que la Ley otorga a Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para emitir resoluciones “en que se vean involucrados menores vinculados con estructuras del crimen organizado” (art.1). Fue aprobada, dando trámite al Dictamen No. 58, durante la Sesión Plenaria No. 128 éste martes 17 de octubre.
Tribunales Contra el Crimen Organizado
La reforma reciente se adhiere con la iniciativa para la creación de 11 Tribunales Contra el Crimen Organizado, que se suman a los 38 centros judiciales que serán convertidos en Juzgados Contra el Crimen Organizado. En total, son 42 tribunales y juzgados los que estarán facultados para aplicar la Ley Contra el Crimen Organizado.
Los 11 Tribunales Contra el Crimen Organizado serán de carácter «pluripersonal» y estarán integrados cada uno por 4 jueces propietarios y sus respectivos suplentes, según lo establecido en el artículo 3 de la ley reformada. Seis de estos tribunales tendrán su sede en San Salvador y abordarán los delitos cometidos en los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, La Paz, Cabañas y Chalatenango. Santa Ana albergará tres tribunales para los delitos en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.
El artículo 6 de la reforma legal habilita la aplicación de la Ley Contra el Crimen Organizado en 30 juzgados y 12 tribunales. Además, las Cámaras Especializadas de lo Penal de Apoyo quedarán suprimidas y serán convertidas en Cámaras Contra el Crimen Organizado.
La designación de jueces, magistrados y personal será potestad de la CSJ, según el artículo 7 de la ley. Asimismo, 9 juzgados asumirán funciones administrativas de otras sedes judiciales para optimizar la carga laboral, como parte de la reestructuración.
Controversias durante el Régimen
La actual reforma legal busca reforzar estas instancias judiciales en momentos en que el combate a las pandillas se ha radicalizado bajo la política de «Guerra Contra Pandillas» del Régimen de Excepción del presidente Bukele. Bajo ese contexto, las instituciones implicadas a los arrestos del Régimen acumulan 6,250 denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos; algunas motivadas por la liberación de los 7,000 inocentes.
Asimismo, más de 20,000 de los capturados son inocentes, de acuerdo a denuncias de organizaciones sociales. En el contexto del régimen, se han registrado 175 muertes en prisión, de las cuales 142 fueron sobreseídas por órdenes de la Fiscalía, según lo anunció el titular de la institución, Rodolfo Delgado.
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