Redacción: Francisco Sura

(EN News)— Dos años después de la histórica adopción del bitcoin como moneda de curso legal, El Salvador se encuentra en la cúspide de convertirse en un “defensor destacado de tecnologías emergentes”, según el informe de la Integridad Financiera Global (GFI). Este documento destaca los avances clave, como la Ley Bitcoin y otras regulaciones favorables a la innovación tecnológica, que han posicionado al país centroamericano como un líder en la adopción y promoción de activos digitales.

La GFI elogia las leyes que fomentan la innovación y la fabricación de tecnología dentro de la nación, proporcionando un entorno de apoyo tanto para individuos como para empresas que participan en transacciones con monedas digitales. Sin embargo, este reconocimiento viene acompañado de una advertencia crucial sobre los riesgos asociados con el ecosistema bitcoin en El Salvador.

El informe destaca específicamente la amenaza de que los activos digitales se conviertan en una plataforma para delitos financieros comunes, incluido el lavado de dinero. Se señala que las billeteras electrónicas, como la Chivo Wallet y sus cajeros asociados, podrían utilizarse para el contrabando de bienes, evitando impuestos, o para facilitar pagos relacionados con el tráfico de migrantes, una actividad a menudo realizada por “coyotes” en la ruta hacia Estados Unidos.

Además, el documento destaca la preocupación de que las ganancias ilícitas obtenidas mediante estas prácticas puedan lavarse en el ecosistema de activos virtuales debido a los requisitos mínimos que rodean su uso por parte de entidades legales. La facilidad de uso del ecosistema Chivo y sus cajeros también se señala como un factor que podría facilitar la transferencia de ganancias ilícitas dentro de redes criminales.

El informe va más allá al prever futuros desafíos, como el posible uso de activos digitales para pagos de extorsión, ofreciendo a los delincuentes una alternativa conveniente al efectivo tradicional. También alerta sobre el riesgo de blanqueo de capitales en el tráfico de drogas, donde los cajeros bitcoin podrían utilizarse para convertir ganancias ilícitas en activos digitales.

Adicionalmente, el informe destaca la opacidad en las compras de bitcoin por parte del Gobierno salvadoreño, planteando interrogantes sobre quién tiene acceso a estos fondos, qué medidas de seguridad se implementan y cuáles son los protocolos para su uso. Este llamado de atención sugiere la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de fondos públicos destinados a inversiones en criptoactivos.

El Salvador, en su búsqueda de liderar la revolución cripto, se enfrenta a desafíos significativos que requieren un enfoque cuidadoso para equilibrar la innovación tecnológica con la seguridad financiera y la integridad.