Por Alessia Genoves

(EN News)- Mauricio Ernesto Landaverde, ex-titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) ha sido judicializado con medidas alternas a la detención, tras ser acusado de cometer los delitos de “actos arbitrarios, peculado, falsedad material y cohecho impropio”. Las acusaciones sostenidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex-titular, en conjunto a 21 personas empresarios y ex-funcionarios, consistían en otorgar $14,7 millones a la Asociación Yo Cambio de fondos públicos.

Tanto Landaverde como el resto de los imputados fueron sometidos por el Ministerio Público en septiembre de 2021, luego de establecerse una orden de detención en su contra. Durante el proceso, el acusado aseguro que su asistencia presencial era “de forma voluntaria”, asegurando tener las pruebas de descargo necesarias. Y en el transcurso de los dos años máximos de prisión preventiva que establece el Código Procesal Penal, el Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador ordenó, el 12 de diciembre de éste año, decretar medidas sustitutivas a la detención en favor de Landaverde y del ex-director interino de Centro Penales, Ramón Roque Mártir.

Sin embargo, han transcurrido diez días desde que el Juzgado otorgó los beneficios a los ex-servidores públicos. A juicio de la representante del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes), Ivania Cruz, la administración pública está incurriendo en los delitos de Actos Arbitrarios (art. 320); Desacato Judicial (art. 339) y Privación de Libertad (art. 290), en perjuicio de los ex-funcionarios. La organización también resalta que “Mauricio es diabético y tienen problemas respiratorios, por lo tanto urge el debido tratamiento médico”, diagnósticos crónicos que debieron considerarse durante su estadía penal.

¿De qué acusa la FGR?

Asocambio inició sus operaciones desde el año 2019. Al menos 21 de sus instalaciones operaban al interior de los recintos penitenciarios, hasta los meses posteriores. De acuerdo con las declaraciones de Landaverde, la instalación de la tiendas buscaba ser una respuesta al “mal uso de los recursos y que la definición del carácter público o privado de los ingresos” y a “la informalidad y desprotección de los trabajadores, que carecían de un contrato laboral formal y de toda seguridad social, ya que no cotizaban al ISSS ni a las AFP’s”

Landaverde añade que la constitución de la organización Asocambio “permitiríaa seguir contando con recursos vitales para la Dirección General de Centros Penales (DGCP)”, entre ellos, con el “mantenimiento de las Clínicas Medico-Odontológicas”. El ex-funcionario justifica que las medidas empleadas respondían a que “en el presupuesto ordinario no se cuenta con recursos para ello”, hasta el año 2019. Entre otros recursos a pagar, añade que los ingresos también eran distribuidos en la planilla laboral de “una dirección colegiada y administración profesional”.

Pero las explicaciones de Landaverde no fueron suficientes. En 2019, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló en ese momento que “el dinero recogido en las tiendas de Asocambio no estaba destinado para Centros Penales sino que iba directamente a esta ONG”. Esta acusación la respaldó el actual titular de la DGCP, Osiris Luna Meza, en una denuncia formal interpuesta el 27 del mismo mes, y añadió a la prensa que las tiendas “tenían una caja chica de 10 mil dólares en Asocambio, bonos, plazas fantasmas, vehículos del año y 22 cuentas bancarias…”.

Reiteran libertad

Cabe destacar que los 21 acusados del Caso Asocambio fueron beneficiados por una orden de Medidas Alternas a la Detención, desde que el proceso concluyó en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador. Las sanciones consistían en “pagar una fianza de US$10 mil, no salir del país, no cambiarse de domicilio ni tener contacto con los funcionarios de Centros Penales, y presentarse a firmar al juzgado”. Pero hasta el 3 de diciembre de 2021, la FGR impugnó la resolución del Juzgado, solicitando las medidas alternas a la detención.

El proceso se prolongó, y llegó a la etapa de instrucción el 5 de julio de 2023, en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador. Mientras que la FGR sostenía las acusaciones de “actos arbitrarios y de cómplice necesario de peculado”, contra los imputados. Sin embargo, concluida la fase de sentencia, el Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador re-afirmó la orden de libertad provisional a favor de los acusados; pero contrario a su cumplimiento, el abogado Rudy Joya, sostiene que ni la DGCP ni su titular, Osiris Luna Meza están respetando la resolución.