Redacción: Abigail Rivera
(ENNews)—La Fiscalía General de la República (FGR) ha llevado a cabo una serie de actividades que permitan el debido castigo conforme a la ley para varios delincuentes, uno de estos es Nacxit Portillo Barrantes quien el pasado 19 de mayo cometió un atroz crimen en contra de su propio padre y su madrastra.
Según la Fiscalía, el imputado tuvo una fuerte discusión con su padre por lo que tomó un arma blanca y procedió a generarle diversas lesiones en el cuerpo que le provocaron la muerte, al mismo tiempo, la compañera de vida del occiso, fue víctima de Barrantes, ya que al estar en la vivienda de este, también fue lesionada dejándola gravemente herida para posteriormente fallecer.
Las autoridades indicaron que los cuerpos de las víctimas fueron encontrados hasta el 23 de mayo, cuando el homicida intentaba quemarlos para luego sepultarlos en el patio de su vivienda ubicada en San Antonio Abad, San Salvador.
Debido a esto, la FGR solicitó al Juzgado Quinto de Paz de San Salvador que Barrantes permanezca en prisión provisional y su debido requerimiento, de modo que el transgresor de la ley sea debidamente procesado, juzgado y reciba el castigo que merece por sus actos, la institución aseguró que los delitos que se imponen a Barrantes son: homicidio agravado, desaparición de personas y fraude procesal.
Por consiguiente, la entidad presentó ante el Juzgado 12° de Paz de San Salvador el requerimiento en contra de 6 personas que se encargaban de estafar a cerca de 23 salvadoreños, obteniendo así la suma de 45 mil dólares.
Entre los imputados desfilan 2 salvadoreños y 4 colombianos quienes ofrecían a las víctimas, paquetes turísticos y pasajes aéreos falsos, robándoles así su dinero a muchas personas, debido a esto la FGR solicitó que permanezcan detenidos mientras se realiza la investigación correspondiente al caso y reciban las sanciones requeridas.
También, la Fiscalía presentó ante el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio una solicitud en la que pide que al menos 134 inmuebles ligados a una estructura de narcotráfico pasen a pertenecer y a ser administrados por el estado.
Los inmuebles pertenecían a una estructura que mantenía nexos con la banda criminal MS-13 y se encargaban de transportar drogas desde Costa Rica y Panamá al país, sin embargo, se presume que la estructura fue desarmada por lo que se pretende que los inmuebles ubicados en San Vicente, La Libertad y Zacatecoluca pasen a manos del estado.
De igual forma, se solicitan seis productos financieros y 14 vehículos valorados en 2,492,046.26 dólares, mientras que los criminales relacionados con la estructura de narcotráfico identificados como: Luis Alfonso Amaya Pineda, Zaida Liseth Candel Osorio, Juan Alfredo Amaya Pineda Y Alba Iris del Rosario Escoto de Amaya permanecerán en la prisión por su vínculo con las drogas.
