Redacción: Alejandro Martínez

(ENNews) – Organizaciones en el país como Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario, La UCA y los partidos políticos de derecha ARENA y Vamos han insistido que con el régimen de excepción se están violando los derechos humanos de muchas personas, incluso han asegurado que 265 personas han perdido la vida en prisión.

Ante estas denuncias la canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco defendió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la vigencia del régimen de excepción en El Salvador, y presentó datos de la cantidad de personas, hombres, mujeres y niños que eran asesinados por las maras y pandillas antes de la entrada en vigencia del régimen, y aseguró que El Salvador no es un Estado autoritario ni represivo.

Liliana Caballero, del Centro de Justicia de Derecho Internacional (Cejil), urgió derogar el decreto de estado de excepción y las leyes que, según las organizaciones, han legalizado detenciones arbitrarias, juicios colectivos, uso generalizado de prevención preventiva oficiosa, defensa inadecuada y uso de jueces sin rostro.

Ante estos señalamientos, Hill Tinoco respondió negativamente a la urgencia durante la misma audiencia celebrada la tarde del pasado viernes, en la cual se confrontaron argumentos de las organizaciones, de la CIDH y del gobierno.

“En materia de seguridad no hemos llegado hasta dónde queremos llegar, es de todos nosotros conocido que las pandillas tienen una capacidad para reorganizarse y reclutar nuevos miembros, incluyendo a niños, niñas y adolescentes, instrumentando a que las mujeres delincan, no solo eso, sino que también mantienen operaciones que se extienden, como ha sido comprobado, más allá de nuestras fronteras nacionales, esta realidad nos obliga a mantener vigente el régimen de excepción”, dijo la canciller.

Hill Tinoco añadió que el riesgo de actos violentos de las pandillas “sigue latente”, lo cual justifica que las medidas extraordinarias continúen “para garantizar la paz que ahora respira nuestro pueblo salvadoreño”.

En la audiencia, la Cancillería recriminó a las organizaciones que hayan presentado estudios coincidentemente con la audiencia de la CIDH, a la cual pidió no dejarse instrumentalizar.