(ENNews)—Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE), la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES) y el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) aseguran que El Salvador necesita transitar a un modelo de desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible, que deje atrás el actual modelo de desarrollo neoliberal que sirve a una pequeña élite millonaria que se ha visto beneficiada a costa de los derechos económicos, sociales, ambientales y políticos de millones de personas, saltándose los controles y el funcionamiento de la democracia.

Las organizaciones de la sociedad civil enumeran un conjunto de 45 acciones en las áreas siguientes:

1. Acelerar la transformación estructural y la reducción del déficit comercial y de cuenta corriente de la
   economía salvadoreña.
2. Lograr la autonomía económica de las mujeres en El Salvador y población LGBTQI+.
3. Desarrollar una política fiscal que cumpla los derechos económicos, sociales y culturales de los
4. salvadoreños.
5. Fortalecer la red de la seguridad financiera.
6. Resiliencia ante el cambio climático y reducción de la vulnerabilidad ante los fenómenos hidrológicos, geofísicos, climatológicos y meteorológicos.

El actual modelo de desarrollo neoliberal entre 2020 a 2023, ha presentado resultados similares a los modelos implantados en 1990 a 2009 y 2010 a 2019, que ha configurado una economía con elevadas brechas de desigualdad y pobreza que reflejan una incapacidad de las fuerzas sociales de alcanzar consensos mínimos, falta de oportunidades humanas, una profundización de la exclusión social, bajos niveles de inversión y de productividad laboral que se manifiestan en un crecimiento económico bajo y una inadecuada y débil transformación productiva con elevados niveles de deuda pública y privada.

En el actual modelo, se sostiene que la base de la economía es la inversión real como sinónimo de inversión privada (libre empresa) y la prioridad es la atracción de la inversión con reglas claras y correctas que no sufrirán cambios y donde el gobierno solo le compete en el modelo económico, la construcción de infraestructura básica, combatir la corrupción y promover el país (Bukele, 2019). Dicha concepción va de la mano de la teoría económica liberal donde el Estado debería intervenir cuando los mercados fallan, establecer y hacer cumplir las reglas del juego, financiar bienes públicos tal como la infraestructura y la defensa, es decir, el Estado debe limitarse a lo básico y que las empresas hagan su magia en el mercado.

De acuerdo con el estudio presentado, el modelo de desarrollo actual está sumido en siete trampas de desarrollo:

1. Bajo crecimiento económico por una ausencia de una transformación productiva, bajos niveles de
   productividad y complejidad económica.
2. Un conjunto de valores, normas, prácticas y estructuras que perpetúan la discriminación y la
   intolerancia contra la mujer, los pueblos originarios, la juventud y el colectivo LGBTQI+.
3. Elevados niveles de desigualdad y pobreza que imposibilitan la movilidad intergeneracional.
4. Amplios desequilibrios comerciales y de cuenta corriente como resultado natural de las
   discapacidades competitivas y tecnológicas diferentes.
5. Tributación regresiva, elevados niveles de deuda que incumplen los derechos económicos, sociales y
   culturales.
6. Significativos riesgos en la estabilidad del sistema financiero transmitidos por una elevada inversión en deuda pública y un incremento del endeudamiento de los hogares y del sector privado sin colchones de liquidez adecuados.
7. Alta exposición y vulnerabilidad ante los fenómenos hidrológicos, geofísicos, climatológicos y
   meteorológicos y se prevé que el cambio climático intensificará estos fenómenos y exacerbará sus
   impactos.

Durante 2022 a 2023 el crecimiento económico ha vuelto a niveles similares a prepandemia, alcanzando un 2.8% y un 3.5%. Por el lado del gasto, sobresale los gastos de consumo de los hogares como el principal motor del crecimiento económico, luego la formación bruta privada y pública.

El crecimiento por el lado de la oferta entre 2022 y 2023 se ha apoyado en el crecimiento de la Electricidad, Gas y Vapor (14.6% en ambos años), la industria de la construcción (13.1% y 17.9%) y el comercio (3.9% y 2.5%). Se destaca la industria manufacturera, que ha tenido una caída en su crecimiento económico de -1.6% y -3.4% en esos años.

En la región centroamericana, El Salvador es el país de menor crecimiento calculado entre 2019 al 2023, con un crecimiento de 2.5%, mientras República Dominicana crece 4.4%, Guatemala y Panamá crecen a tasas de 3.7% y Costa Rica y Honduras a tasa del 3.3%.

A pesar de que la economía salvadoreña registra un ciclo expansivo en el crecimiento económico desde 2021, el crecimiento económico potencial no se ha movido en la frontera tecnológica a tasas por encima del 2.3%, dado que las proyecciones económicas estimadas por el Fondo Monetario Internacional (2024) confirman el mismo crecimiento promedio entre 2025 a 2029: 2.3%.

El Salvador en su estructura productiva y del empleo no ha podido lograr un cambio estructural dirigido hacia sectores de elevada productividad y complejidad, por el contrario, el aporte de los servicios al PIB alcanzó un 64% en 2023, seguido de la industria manufacturera con un 21% y el sector agricultura, silvicultura y pesca aporta apenas un 4.6%.

La estructura del empleo medida por el empleo en el sector servicios respecto al empleo total, nos confirma la tercerización de la economía, donde en 2021 alcanzó un 62% y el sector industria un 23.4%, seguido del sector agropecuario con un 15%. Las tasas de desempleo relativamente bajas de 5.6% como media entre 2020 a 2023, enmascaran una tasa de subempleo cercana al 38% como media en el período, es decir, una sub utilización o utilización ineficiente de las habilidades, calificaciones o experiencia de los trabajadores y/o su imposibilidad de trabajar todas las horas que quisiera.

El conjunto de valores, normas, prácticas y estructuras que perpetúan la discriminación contra la mujer, los pueblos originarios, los jóvenes y el colectivo LGBTQI+ es una trampa que perpetúa la discriminación para acceder a una buena salud sexual y reproductiva, exacerba la violencia, limita el acceso al empleo digno, la participación política y la toma de decisiones dentro de la familia, así como el desigual reparto de los trabajos de cuidados.

En 2021, las mujeres destinaron, en promedio, 25 horas semanales más que los hombres al conjunto de todas las actividades de trabajo doméstico no remunerado, ampliando la brecha existente en 2017, de 19 horas semanales.

Entre el 2019 y el 2023, la pobreza total ha aumentado en 126,379 personas y la pobreza extrema en 220,572 personas, lo que constituye una violación a los derechos humanos, debido a que encontrarse en situación de pobreza extrema implica que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. Desde 2018 hasta 2022, el 1% de la población más rica capturó el 25% de la riqueza del total de hogares en El Salvador, y el 10% de la población más rica ha concentrado el 58% de la riqueza personal del total de hogares en el mismo período.

En El Salvador, el componente del Índice de Precios del Consumidor (IPC) que presenta mayor incremento es el de los alimentos y bebidas no alcohólicas, llegando a su punto más alto en agosto de 2022 (14.5 puntos), lo que representa un aumento de más de 12 puntos en comparación con agosto de 2020 que se manifiesta en el incremento de la canasta básica urbana que entre enero de 2020 y abril de 2024 ha subido en $55 y la rural en $35 afectando el poder adquisitivo de los hogares salvadoreños.

Desde 2020 a 2023, el déficit de cuenta corriente ha representado de media el 2.8 % del PIB. El elevado déficit comercial en términos de bienes y servicios alcanzó una media de -21.5% del PIB, que se ha visto compensado por el flujo de remesas familiares en un 23.9%, lo que confirma las amplias brechas comerciales y graves discapacidades competitivas y tecnológicas.

Los modelos de desarrollo neoliberales implantados en El Salvador desde los noventa por las élites han llevado a las finanzas públicas en el camino contrario a la justicia fiscal con una baja recaudación tributaria, 12.6% del PIB entre 1990 a 2023, basada en su mayoría en impuestos indirectos como el IVA, con altos niveles de evasión y elusión y elevadas exenciones fiscales. El IVA se ha constituido como la principal fuente de ingresos de la hacienda pública, alcanzando un máximo de 55.8% con la dolarización en 2001. Entre 2019 a 2023, alcanzó una recaudación media de 45.7%. El impuesto sobre la renta se ha constituido en la segunda fuente de financiación, con una media entre 2019 a 2023 de 40.5%.

La deuda del SPNF, sin pensiones/PIB alcanzó entre 2020 y 2023 un 60.5% en promedio e incluyendo pensiones, aumentó hasta un 84.3%. El superávit primario requerido para estabilizar la deuda observada en 2023 es de 3.4% del PIB. La meta de la política económica es aumentar el crecimiento económico para que el superávit primario requerido sea menor, por ejemplo, crecer por encima del 3.6%, donde el superávit primario necesario es 2.1% del PIB; un acuerdo con el IMF puede ayudar a reducir la tasa de interés real promedio por debajo del 6% que ayudare a un menor ajuste requerido.

El sector financiero permanece estable pero expuesto a riesgos soberanos y del sector privado cada vez mayores, y la reserva de liquidez se ha reducido a la mitad desde 2019; los colchones de liquidez de todo el sistema han disminuido, por lo que se requiere restablecer los colchones de estabilidad financiera.

Los impactos del cambio climático afectan sobre manera a los hogares en condiciones de pobreza, especialmente a las mujeres, ya que viven en zonas más vulnerables y propensos a deslizamientos e inundaciones de bajo impacto.

Ante esto, las organizaciones de la sociedad civil consideran necesario restablecer el diálogo continuo con las distintas fuerzas sociales (empresarios, el gobierno, los trabajadores, partidos políticos, academia y organizaciones de la sociedad civil) para encontrar puntos mínimos de consenso en la formulación de políticas públicas productivas, inclusivas y sostenibles en El Salvador.